Las invasiones

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Es verdad sabida que buena parte de la ciudad se ha poblado a base de invasiones. Esto, que durante años ha tenido su explicación e, incluso, su justificación frente a las opciones que ofrece la pobreza, en estos tiempos ya no es admisible.

Las dinámicas de los desarrollos urbanos así como el surgimiento de nuevas realidades sociales, jurídicas y ambientales, hoy ya no solo no justifican esa forma de ganarse el territorio, sino que constituyen delitos generadores de desasosiego y caos urbano.

Además, las invasiones dejaron de ser la solución desesperada ante la ausencia de suelo donde vivir, para convertirse en la estrategia de avivatos y de mafias organizadas para apoderarse de inmuebles privados y especialmente de los baldíos de la nación o de aquellos cedidos por ley al Distrito, los cuales constituyen bienes públicos, esto es, de todos.

No nos digamos mentiras: detrás de las invasiones no hay pobres de solemnidad, sino bandas que se apropian de lo ajeno por puro enriquecimiento. Para ello, emplean familias o líderes de barrios pobres, que ponen la cara y el riesgo jurídico porque piensan que no tienen nada que perder, y creen que el poder de sus financiadores es mayor que el del Estado.

Y los hechos parecen darles la razón: no hay poder legítimo que pueda preservar el patrimonio territorial del Estado y del Distrito, tal como lo vienen denunciando ambientalistas y líderes comunitarios.

Basta con darse un paseo por la zona norte para apreciar el daño ambiental causado a manglares, orillas y aguas por cuenta de las invasiones que crecen y crecen descaradamente. O a lo largo de la ciénaga de la Virgen, y en Olaya Herrera, con los rellenos al final de las calles El Progreso, 11 de Noviembre, Playa Blanca, Maravilla y Concepción, tal como lo denunció el consejero territorial de Planeación de la Gobernación de Bolívar, Aniano Morales Blanco. O ver cómo se multiplican las estratégicas querellas policivas de perturbación de la posesión de quienes no son poseedores, contra propietarios con justo título que sienten que el Estado se convierte en el mejor aliado de los invasores.

Mientras que los líderes comunales no se atreven a denunciar a los urbanizadores piratas porque han sido amenazados; o en tanto que los propietarios despojados ruegan justicia, el Plan de Acción surgido del Ecobloque no surte los efectos prometidos, con lo cual continúa la depredación del territorio, que se profundiza día a día, como una expresión del fracaso de Estado frente a la delincuencia organizada.

Tal vez lo mejor sea comenzar por sincerarse: que en la próxima reunión del Ecobloque se reconozca la incapacidad para atajar, controlar y sancionar a los invasores de manera permanente y constante, para que se reformule en manos de qué entidades del Estado pudiera dejarse el Plan de Acción, que en verdad surta resultados que expulsen a esas bandas de la ciudad y se vayan con sus amenazas y apetitos a otra parte.

Reconocer que ni las alcaldías menores ni las inspecciones de policía pueden estar a cargo de lo relacionado con la protección del territorio, sería un buen inicio.

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