Tras el paso de Eta por el Caribe y el daño que causó en el archipiélago de San Andrés y Providencia que, por fortuna, no fue de la gravedad que se pronosticó, vuelve al tapete de la discusión nacional la importancia que esa extensión de la patria, que Alberto Abello Vives llamó nuestra “ciudad insular”, tiene en aspectos neurálgicos como el social, ambiental, económico, militar y de interdicción marítima.
Precisamente ayer publicamos la columna “Crisis en San Andrés”, de Simón Gaviria, en la que denuncia que el país solo mira hacia el archipiélago cuando se sucede una mala noticia. Así pasó con el anuncio de inversión de 200 mil millones de pesos que el Gobierno de entonces hizo dos semanas después del fallo internacional con el que Nicaragua nos quitó el 40% de nuestro mar.
Pero lo cierto es que si nos quejamos de que desde la capital se mira con desdén el potencial que tiene el mar para el desarrollo del país, nuestros compatriotas sanandresanos también pudieran decir lo mismo no solo de los interioranos sino de nosotros, los caribeños continentales.
De poco ha valido que desde hace ya 20 años la reserva Seaflower del archipiélago integra la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la Unesco, lo que se suma al resto del inestimable valor de los recursos naturales que conforman el conjunto de islas, islotes y cayos que nos recuerdan que también somos vecinos de Costa Rica, Honduras, Jamaica, Haití, Cuba y Dominicana.
Sobre el archipiélago, la Procuraduría llamó la atención en torno de la debilidad institucional en la protección de los recursos naturales y el ambiente de ese paradisíaco territorio, pues no hay procesos estructurados en temas de planeación, ni la suficiente participación por parte de la comunidad en la gestión ambiental, así como no se ha protegido la identidad étnica de la población raizal, lo que repercute en que tampoco haya buenos niveles de sostenibilidad ambiental y desarrollo.
El informe de la Procuraduría además alertó sobre el alto nivel de desempleo y del costo de vida, el bajo nivel de ingresos laborales y las condiciones de baja cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, hacinamiento producido por la escasez y el costo de las viviendas, y las presiones ejercidas sobre el medioambiente de la zona insular y consecuentemente en la reserva Seaflower.
Si a todo lo anterior se le suma la debilidad en la gobernanza local, las tensiones de un multiculturalismo manejado sin estrategias de concertación entre los distintos estamentos que conforman la realidad sociológica de las islas, más la inseguridad producto de diversos fenómenos sociales, pero exacerbados por el narcotráfico y el microtráfico, explican por qué la pobreza estructural y los patrones de desigualdad no mejoran sensiblemente ni aún en los tiempos en que el turismo y el comercio han pasado por buenos momentos.
Desde el continente tenemos que pensar y actuar por nuestra ciudad insular.