Esta semana el Gobierno, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, anunció la liquidación del programa de salud de Comfamiliar. La reacción de varios de los afiliados a ese programa puede resumirse en la breve frase de uno de estos: “Ya era hora”.
La demora en la adopción de esa decisión es reprochable. No es justo que los más de 137 mil afiliados de Comfamiliar EPS estuvieran sometidos a permanecer en esta institución ante tantos inconvenientes en calidad y atención en salud, agravados además por la acumulación de deudas impagas.
El delegado de Medidas Especiales de Supersalud reconoció que esa liquidación había sido prorrogada en ocho ocasiones. Dicho de otra manera, de nada sirvieron las ofertas de mejora por parte de sus administradores durante le última etapa de vigilancia especial que se inició hace cuatro años, a raíz de los defectos en el desempeño que, como se preveía, ni se corrigieron ni se subsanaron, pues los problemas financieros, administrativos y asistenciales eran irredimibles.
No hay derecho a que se haya dilatado tanto la decisión. Ocho prórrogas fueron demasiado frente a los riesgos que suponía el profundo deterioro en las condiciones financieras y de solvencia, y lo que esto impactaba en una atención médica adecuada a sus afiliados.
De nada valieron las constantes quejas por demoras en la entrega de medicamentos, o en la dilatación en la asignación de fechas para la atención de médicos especializados.
Si el Estado fuera consciente de lo que implica mantener artificialmente en el tiempo una entidad prestataria de servicios de salud, por el prurito de no cerrar sus puertas a pesar de las evidencias, se privilegiaría la vida e integridad de las personas que constituyen sus clientes y pacientes, llamados en estos casos “afiliados” para despersonalizar el lazo que subyace en ese mundo de las intermediarias del sistema sanitario, esto es, la sagrada relación médico-paciente.
La misma autoridad reconoce, por ejemplo, que se encontraron cifras elevadas de mortalidad materna -entre otros indicadores negativos-, lo que demuestra la inaceptable atención en salud. ¿Significa esto que era más importante el compromiso formal de mantener activa una entidad inviable, que la salud de sus afiliados?
Se sabe que en los dos últimos años han sido nueve las EPS que han salido del sistema, lo que provocó la movilización de más de tres millones de usuarios hacia otras EPS. Pero faltan más.
¿Hasta qué punto son responsables el Estado y sus representantes en los daños a la salud de las personas y el deterioro anímico de las familias por la demora en la decisión de disolver y liquidar instituciones que son centros de negocios y de favores políticos, en vez de núcleos de recuperación de la salud del pueblo colombiano?
En materia de salud pública, solo deberían admitirse entidades altamente cualificadas.