En El Universal, libérrimamente, decidimos obsesionarnos con el más terrible problema que nos circunda: el hambre.
Insistir e insistir en el tema más dramático en la realidad de la vida de miles de familias cartageneras, cuyas cabezas o responsables se levantan a cavilar sobre cómo lograr la meta más inmediata: traer alimentos a casa.
Para nuestro pesar, aunque no nos sorprende frente a la falta de eficiencia en los programas estatales, otra vez el informe de Percepción Ciudadana de Cartagena Cómo Vamos nos contó, la semana pasada, que al cierre de 2022 cuatro de cada 10 habitantes en La Heroica consumieron menos de tres comidas al día. ¿Puede haber algo más frustrante para padre o madre o adulto responsable, que no saberse capaz de asegurar las raciones de comida mínimas que esperan de ellos sus hijos, padres, abuelos o personas a cargo?
No hay dos elementos en los que el Estado se sienta más inexistente que cuando faltan el alimento diario y la seguridad. Y en estos dos fundamentales de existencia material en Cartagena, el Estado local está en la mala. ¿Cómo respetar o admirar a un establecimiento que habla de justicia social, de igualdad, de inclusión, de convivencia, si es incapaz de garantizar los dos componentes (uno interno al hogar y otro externo) más elementales? Seguridad alimentaria y seguridad o convivencia son temas primerísimos; son los mínimos.
Por supuesto que el costo de vida (singularmente los altos precios de los alimentos y los servicios públicos) contribuyen a este doloroso deterioro en la calidad de vida de nuestros coterráneos más vulnerables; pero también la falta de oportunidades laborales o de mejora de ingresos, producto de la altísima informalidad y la escasa preparación académica o cultural para aspirar a salir de los círculos de pobreza y estancamiento, que condenan a las nuevas generaciones a cambiar muy poco la suerte de sus historias familiares, que es una historia de carencias.
Pero no es solo un problema de Cartagena. La desnutrición infantil, que es la peor cara de la inseguridad alimentaria y del hambre en concreto, causó la muerte de más de 300 niños menores de cinco años en el país en 2022. De poco ha servido que a finales del año pasado el presidente Petro instara a los funcionarios de su Gobierno, a propósito de la muerte de 20 niños Wayuú, a poner en marcha un plan de urgencia que aún no se siente. Pasó igual que en el actual mandato de William Dau, en el que esa lucha no ha causado un modelo ejemplar a imitar en el resto del país. De hecho, en enero de este año fallecieron en Colombia siete menores más por desnutrición, y es una cifra que no va a parar hasta que los gobiernos, nacional y regionales, decidan como prioridad fundamental, antes que las luchas ideológicas, que hay que hacerle la guerra definitiva al hambre.
Y no es solo con ayudas sociales; ¿creación de riqueza y empleo se estarán considerando?
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