En reciente editorial mencionamos que merecen rechazo social actos dirigidos a dañar la reputación y gobernabilidad de la actual administración distrital, sin razón, máxime en medio de la crisis general por causa de la pandemia.
También señalamos que cosa distinta debe ocurrir en el evento que se muestren pruebas valoradas con criterios objetivos, que tengan la vocación de resistir el aquilatamiento de expertos en ciencias forenses, en cuyo caso no sólo sería pertinente, también necesario que se revelen a las autoridades y a la opinión pública. Si así fuera, no serían admisibles pataletas o groserías como respuesta a sustentadas denuncias, ni cacerolazos que apoyen lo indefendible, precisamente porque el control político y la oposición tienen pleno sustento cuando se afincan en la justicia y la verdad.
Tal vez por ello es que, entre las distintas imputaciones de presunta corrupción que le han endilgado a la administración del alcalde Dau, ninguna ha despertado tanta inquietud como la relacionada con la compra de pruebas rápidas aprobadas por el Invima, para el diagnóstico y contención del COVID-19 en el Distrito de Cartagena.
En efecto, a raíz de denuncias recibidas en diversos medios, incluido El Universal, Funcicar, a través del muy ponderado Programa Vigila Cartagena, ha presentado informe preliminar sobre el Contrato de Compra Venta N° 8 del 8 de abril de 2020, bajo la modalidad de contratación directa, por valor de $725 millones de pesos, con el objeto de adquirir 10 mil pruebas rápidas a un valor unitario 72.500 pesos cada una.
En su investigación preliminar Funcicar detectó varias inconsistencias que, de no explicarse con suficiencia, pudieran constituirse en irregularidades reprochables. Entre estas destacamos que eventualmente los documentos de ese proceso de contratación se publicaron extemporáneamente, con insuficientes cotizaciones o sin visibles constancias sobre a cuáles empresas se les solicitó ofertar, entre otros.
Pero, a no dudarlo, lo que más inquieta es la enorme diferencia que supuestamente habría entre precios por unidades de pruebas similares a las adquiridas por la Alcaldía, tras el análisis comparativo con otros contratos de similares especificaciones, así como con otros laboratorios, lo que arroja un promedio de precios en el mercado de 29.555 pesos por unidad de prueba, con lo cual los recursos destinados al referido Contrato sólo permitirían adquirir diez mil pruebas, cuando presuntamente pudo alcanzar para recibir 14.530 unidades adicionales.
Las respuestas dadas el sábado por la funcionaria respectiva no han sido satisfactorias. Por el contrario, dejan un manto de duda que puede hacerle daño a una administración que ha probado con creces estar comprometida en la lucha contra la corrupción. En consecuencia, la ciudad espera que el alcalde Dau tome el control del asunto y, si encuentra que los hallazgos de Funcicar tienen fundamento, entonces que proceda a corregir lo subsanable, así como a adoptar las decisiones drásticas que dejen clara su posición de intransigencia con tales conductas.
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