Con este titular abrimos ayer la edición impresa del periódico. Es probable que todos los mencionados en los audios revelados por Vicky Dávila sintieran que solo nos referíamos a ellos. Y así es, pero en parte, porque el titular también describía lo que debemos sentir todos los cartageneros y bolivarenses, singularmente, los ciudadanos con alguna responsabilidad en el ejercicio de profesiones, artes u oficios con connotación social, porque lo que reflejan esos audios no es solo atribuible a los políticos tradicionales.
La crisis que padecemos, exacerbada con los audios revelados en la W, son el reflejo de una sociedad que ha perdido sus valores y el sentido humano del servicio público, pues el tipo de actos que muestran las grabaciones no ocurren como hechos aislados, solo atribuibles a la clase política.
Desde hace muchos años la turbia financiación de las campañas y su nefasta compensación con contratos y comisiones, han desfigurado la democracia local, que se ha encargado de prolongar tanto la necesidad como la pobreza, que son gérmenes ideales para la compra de conciencias.
Pero, salvada la buena conducta de las mayorías silenciosas, la permisividad y la complacencia de la sociedad civil, de la que formamos parte dirigentes, comunicadores, gremios, empresarios, sindicatos, docentes y líderes comunitarios, por acción u omisión, hemos alimentado el estado de cosas y cooperado en su profundización.
Para rematar, los entes de control de la región han sido capturados por ese decadente esquema de relacionamiento, con lo cual la pesadumbre se apodera de la colectividad, porque frente a la ausencia de justicia y sanciones institucionales, muchos ciudadanos se ven intimados a subordinar sus principios para obtener, de quienes son los verdaderos jefes de las oficinas públicas, los permisos, autorizaciones y dispensas que el Estado debería otorgar sin esperar dádivas inconfesables. La ausencia de sanción formal por parte de las entidades instituidas para ese efecto deriva en que ciudadanos pávidos por el poder en manos de quienes no son los funcionarios a cargo, sientan que no hay escapatoria a la denigrante opción de subvertir sus valores para lograr lo que en derecho el Gobierno les debe conceder o reconocer.
Y este es el principal y más cruel efecto de la desinstitucionalización en la que nos encontramos, cuando es el mismo Estado el que en la práctica indica al ciudadano que su alternativa es someterse a la descomposición si quiere desarrollar sus proyectadas expectativas.
Duele la crisis que vivimos y tendremos que ser muy profundos para salir de esta. Y todo debe comenzar por sincerarnos, dialogando y escuchándonos, para proponer acciones estructurales drásticas que nos ayuden a recomponer este camino plagado de errores; hacer un pare y reconocer que no hay chance para continuar en esas vetustas prácticas.
La pobreza de Cartagena no solo es de su población. También es de su dirigencia cívica, política, empresarial y comunitaria. Todos estamos retados a regresar la institucionalidad, especialmente en beneficio de las generaciones que nos sucederán.
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