Amenazas, estigmatización, xenofobia y falta de recursos son las principales situaciones que enfrentan defensoras y defensores de personas en movilidad humana forzada en América Latina y el Caribe, reveló este miércoles un informe presentado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).
El estudio documentó las condiciones de quienes trabajan en defensa de los derechos de migrantes y refugiados en diez países de la región: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Según CODHES, los obstáculos van desde agresiones directas hasta precariedad económica y ausencia de garantías legales.
Te puede interesar:
Estudiantes encaran a Delcy Rodríguez y exigen la libertad de presos políticos
“El rol de quienes defienden a personas migrantes y refugiadas es clave para mitigar las crisis migratorias del continente, pero cada vez se enfrentan a más riesgos”, explicó Marco Romero Silva, director de CODHES.
Añadió que es urgente que los Estados y la cooperación internacional reconozcan su papel y brinden garantías para el desarrollo de su labor.
En Colombia, cerca del 80% de las personas que defienden los derechos de la población migrante lo hacen sin recibir salario o con pagos muy bajos, lo que las obliga a complementar sus ingresos con empleos informales.
El país acoge a más de 2,8 millones de venezolanos, lo que lo convierte en el principal receptor de migrantes y refugiados en la región. (También te puede interesar: Los derechos humanos, un pilar clave en la defensa de los migrantes en América Latina)
Las amenazas provienen en muchos casos de grupos armados ilegales, que estigmatizan a defensores como “colaboradores de la guerrilla” o los agreden directamente, según el informe.
EL PANORAMA EN LA REGIÓN
En Venezuela, las personas defensoras enfrentan un entorno restrictivo y hostil. El informe documenta casos de criminalización mediante leyes que castigan el ejercicio de derechos, con cargos como “traición a la patria” o “terrorismo”.
A esto se suma la inflación, la falta de acceso a divisas y la escasez de financiamiento, que han llevado a la reducción o cierre de muchas organizaciones.
La cooperación internacional también ha disminuido en el país, dificultando aún más la labor de quienes intentan brindar apoyo a población migrante, refugiada o en tránsito.
En Nicaragua las amenazas a defensores incluyen vigilancia, hostigamiento legal, amenazas contra familiares y criminalización directa. Desde 2018, más de 5.000 organizaciones sociales han sido ilegalizadas y más de 300 personas han sido despojadas de su nacionalidad.
El gobierno ha intensificado la represión, lo que ha obligado a miles de personas defensoras a salir al exilio, principalmente a Costa Rica. El informe advirtió que alrededor del 4 % de la población nicaragüense ha huido del país en los últimos seis años.
En Brasil, país que acoge a más de 568.000 venezolanos y migrantes de Haití, África y Asia, las personas defensoras carecen de apoyo institucional. El Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos no incluye una línea específica para defensores de personas en movilidad humana.
Las defensoras indígenas, especialmente del pueblo warao, sufren racismo, discriminación y exclusión de servicios básicos. La criminalización de su activismo también ha aumentado en regiones donde se han asentado comunidades indígenas migrantes.
En Perú, donde hay más de 1,5 millones de venezolanos, se reportan más de 100 amenazas al año contra personas defensoras, especialmente en la región amazónica. La eliminación de la visa humanitaria y el endurecimiento de políticas migratorias han aumentado la exposición de migrantes a redes de trata, explotación y violencia.
El informe subrayó la especial vulnerabilidad de mujeres trans defensoras, quienes enfrentan discriminación institucional, exclusión de refugios y dificultades para acceder a servicios básicos.
En Ecuador la mayoría de personas defensoras también trabajan de manera voluntaria y sin recursos estables. Son comunes las amenazas, el hostigamiento en redes sociales y los ataques verbales por parte de ciudadanos y funcionarios públicos. En zonas de frontera, como Sucumbíos y Esmeraldas, los riesgos se incrementan por la presencia de grupos armados ilegales.
El sistema de protección estatal no incluye a este grupo de defensores como una población prioritaria, y los procesos de regularización migratoria siguen siendo lentos y restrictivos.
En Chile el fenómeno de la judicialización se ha incrementado, defensores han sido objeto de denuncias penales por brindar asistencia humanitaria a personas migrantes, particularmente en regiones fronterizas del norte.
Además, el discurso institucional ha contribuido a generar rechazo social hacia las personas migrantes, lo que ha derivado en ataques y amenazas contra quienes las apoyan. El informe advierte que en varias regiones del país se han cerrado albergues y centros de atención por falta de fondos.
En México, uno de los países con mayor flujo migratorio del continente, los defensores enfrentan violencia directa por parte del crimen organizado, así como omisión y negligencia del Estado. El informe recoge casos de personas defensoras asesinadas, hostigadas o desplazadas por proteger a migrantes en tránsito hacia Estados Unidos.
Organizaciones como albergues, casas de paso y colectivos de búsqueda de desaparecidos también han sido blanco de amenazas y atentados. La falta de una política nacional de protección agrava la situación.
En Guatemala y Honduras los defensores de personas en movilidad son frecuentemente estigmatizados como promotores de la migración irregular o como “enemigos del Estado”. En ambos países, la falta de legislación específica para la protección de personas defensoras deja a muchas organizaciones en estado de vulnerabilidad.
El informe alertó sobre la falta de respuesta de las autoridades ante denuncias de amenazas o ataques, así como sobre la precariedad de las condiciones en las que trabajan las organizaciones humanitarias en las zonas rurales o fronterizas.
CODHES concluyó que la defensa de los derechos de personas en movilidad humana forzada en América Latina y el Caribe se encuentra en una situación crítica. Las personas defensoras operan en contextos de alta violencia, precariedad y criminalización, mientras las políticas públicas son insuficientes o inexistentes.
El informe llamó a los Estados a implementar medidas urgentes de protección y a reconocer el trabajo de estas personas como esencial para la garantía de los derechos humanos en la región. También instó a la cooperación internacional a fortalecer el financiamiento y acompañamiento a las organizaciones que trabajan en el terreno.
“Sin garantías para las personas que defienden a migrantes, no habrá garantías para los propios migrantes”, advirtió Marco Romero Silva, director de CODHES, durante la presentación del informe.