La comunidad indígena Maurak se encuentra inmersa en un entorno de desesperación e incertidumbre debido a la falta de oportunidades que tienen sus integrantes, a las deserciones de las nuevas generaciones y a los estragos ambientales producidos por la minería ilegal que se presenta en la región sur oriental de la Gran Sabana venezolana.
Ubicada en los extremos del monte Roraima, la población Maurak apenas cuenta con infraestructura, organización urbanística y/o rural, instalaciones hospitalarias e instituciones educativas. Además, la presencia del Gobierno venezolano ha menguado, llevando a que las oportunidades de desarrollo disminuyan, grupos armados aumenten el control sobre la población y, sobre todo, que las actividades económicas sean menos eficientes.
Antes de la pandemia, el pueblo Maurak era un gran asentamiento indígena que albergaba cientos de habitantes y se desarrollaba gracias al turismo, la ganadería y la agricultura, pero, con la llegada de la COVID-19, las principales actividades y el acompañamiento gubernamental disminuyó, dejando a los habitantes en crisis y con muy pocas opciones de mejora.
Al enfrentarse al hambre, la pobreza y la enfermedad, la población más joven de la comunidad inició deserción de los territorios, llevando a la disminución de la producción de recursos, pero algunos, aferrándose a su hogar, recurrieron a la minería ilegal poniendo en riesgo sus vidas y afectando en gran medida al ecosistema del monte, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace más de 29 años.
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La minería ilegal, un gran problema
Por un lado, la minería ilegal expone a sus realizadores a horas de trabajo al aire libre, lo que puede ocasionar enfermedades respiratorias como la neumonía y enfermedades vírales como el dengue, pero además, el aislamiento en las montañas mientras realizan sus actividades puede culminar en problemas psicológicos como depresión, e incluso en alcoholismo, violencia y drogadicción.
Por otro lado, la mala técnica minera realizada por los indígenas, genera una liberación de mercurio que culmina en la contamina de ríos, lagos y corrientes de agua en general, lo que a su vez lleva a que las actividades de pesca y recolección de agua sean peligrosas para el resto de la comunidad y que, además, las pequeñas granjas de subsistencia (conocidas como “conucos”) que desde hace siglos han sostenido los medios de vida de estas comunidades se contaminen y pierdan su objetivo principal.
En respuesta a esta problemática, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) inició un proceso de colaboración con las comunidades indígenas en toda la Gran Sabana para intentar prevenir el desplazamiento de los más jóvenes, intentar salvaguardar el ecosistema venezolano y facilitar la permanencia en los territorios ancestrales para así proteger las formas de vida tradicionales de todos los habitantes.
“Hemos estado trabajando en cuarenta pueblos indígenas en la Gran Sabana, ofreciendo servicios básicos para que las personas no tengan que conseguirlos fuera de su territorio y así lograr que estos guardianes permanezcan en las tierras que les pertenecen”, detalló Jerome Seregni, jefe de la oficina de terreno de Acnur, quien también aseguró que harán lo posible por disuadir a los miembros de la comunidad para evitar que trabajen ilegalmente en las minas.
Los líderes indígenas, por su parte, también se sumaron a los esfuerzos del Acnur y brindaron su apoyo intentando concientizar a los más jóvenes sobre los riesgos de la minería ilegal, no solo para su salud, sino para su vida adulta y, a la vez, transmitiendo con más fuerza las costumbres de sus antepasados en las que toman los “conucos” como eje central para el desarrollo y sostenibilidad de su comunidad.