El 29 de julio de 2009 el entonces vicefiscal Guillermo Mendoza Diago asumió como fiscal encargado luego de que finalizara el periodo de cuatro años de Mario Iguarán Mendoza como jefe del ente investigador.
Sin embargo, y según palabras de mismo Mendoza Diago, jamás se imaginó que estuviera sentado en esa silla por 14 meses y que durante ese tiempo explotaran algunos de los procesos investigativos más importantes en los últimos diez años en Colombia como el escándalo de Agro Ingreso Seguro, las ‘chuzadas’ del DAS y los llamados ‘falsos positivos’, entre muchos otros.
Después del cambio de dos ternas propuestas por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en medio de lo que se conoció como “choque de trenes”, el pasado 2 de diciembre en una votación que se alargó hasta la medianoche, Mendoza Diago y todo un país conocieron el nombre de su reemplazo, la abogada y ex congresista Viviane Morales.
Desde ese momento comenzó un empalme con Morales y el ahora fiscal saliente la dejó al día en las investigaciones que se adelantaban, así como los procesos que se tenían dentro del mismo organismo por los casos de corrupción interna y los problemas de presupuesto.
El próximo 12 de enero Mendoza Diago le entregará el puesto a la nueva fiscal y se dedicará de plano a ejercer como abogado y a la docencia.
¿Cuál es el balance de su gestión en estos 14 meses?
Desde el plano administrativo se sacó adelante la carrera para fiscales y la mayor parte de las personas que concursaron y los cargos que estaban disponibles fueron provistos por el régimen de carrera, por las personas que consideramos eran las mejores para ello.
Igualmente, se le puso orden a algunos procesos y a la planta de personal para ser más eficientes en la investigación, principalmente contra las llamadas bandas criminales emergentes (Bacrim) y en los procesos por desplazamiento forzoso y la búsqueda de reparación para lo cual se crearon dos unidades.
Desde la perspectiva judicial se encaminaron procesos que venían caminando pero necesitaban decisiones de peso y de fondo como el de la parapolítica y los ‘falsos positivos’, en los cuales ya se han tomado decisiones importantes y de peso.
El proceso de Justicia y paz venía avanzando satisfactoriamente, sin embargo, en el pasado mes de septiembre algunos ex comandantes paramilitares se negaron a seguir participando. ¿Cómo dañó esto el proceso judicial?
Cualquier obstáculo al desempeño de los fiscales y jueces de Justicia y paz, así como llevar las indagaciones y procesos de versión libre, repercute necesariamente en la eficiencia de esa unidad porque obstaculiza seriamente el proceso, lo bloquea o disminuye su eficacia.
La ley ha producido resultados muy importantes en el tema de justicia, verdad y reparación, pero no hemos obtenido la finalidad que es judicializar a esas personas, que se les imponga una sentencia condenatoria y lograr la reparación total de las víctimas, por lo que tenemos que estar continuamente en un proceso de reingeniería.
Debido a estas “obstrucciones”, ¿usted considera que fue incorrecta o muy acelerada la extradición de la mayoría de comandantes paramilitares?
Yo no creo que haya sido incorrecto, lo que considero es que sí ha habido dificultades para obtener las declaraciones de ellos. Me refiero a obstáculos de orden logístico ya que no contamos con los recursos y con la colaboración de instituciones de Estados Unidos.
Ellos están en una actitud de no seguir colaborando porque sostienen que no tienen las garantías ni seguridad para su familia. Ahí si no podemos hacer nada diferente a tratar de persuadirlos para que continúen colaborando.
Durante su gestión, los tres procesos que más eco tuvieron fueron los de Agro Ingreso Seguro (AIS), parapolítica y las chuzadas, ¿cómo deja estas investigaciones?
El de AIS es un proceso muy complejo pues tiene dos líneas investigativas. En la primera están involucrados dos ex ministros de Agricultura, por lo que ahí tienen que trabajar los fiscales de la unidad delegada ante la Corte Suprema.
La otra línea tiene que ver con el personal subalterno documentó y permitió el trámite para que se concedieran los subsidios, eso lo tiene otra unidad de fiscales que deben trabajar en llave con los otros. Y en un futuro podría aparecer una tercera línea que son las personas beneficiadas que aparentemente incurrieron en irregularidades para obtenerlos. Aunque sí tengo que decir que todo el proceso de investigación va muy avanzado y esperamos decisiones en el primer trimestre del próximo año.
En el caso de los falsos positivos, el más importante que es de los muchachos de Soacha, está en proceso pero no ha avanzado a causa de las dilaciones de la defensa de los militares involucrados. Mientras que la unidad de derechos humanos está adelantando los otros casos que se han instaurado en todo el país.
Lo que tiene que ver con las llamadas ‘chuzadas’ se ha avanzado muchísimo, se ha dimensionado todo el caso y existe evidencia necesaria para tomar prontas decisiones de las personas involucradas que tienen fuero constitucional.
En el marco del proceso de las ‘chuzadas’ se dio el asilo de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, ¿qué puede hacer la Fiscalía en este caso?
Nosotros no podemos hacer solicitudes de extradición o un pedido de que sea deportada sino hay decisiones que comprometan su libertad y eso puede tomar su tiempo. Hubiera sido muy diferente si en su contra existiera una imputación de cargos y si tuviera una medida de aseguramiento.
¿Cree que la Fiscalía se demoró mucho en la imputación de los cargos?
Cuando todo eso ocurrió nosotros recibimos una avalancha de crítica por parte de todos los sectores políticos y de la opinión pública.
Sin embargo, tenemos que hacer un proceso investigativo muy extenso para esto, uno, dado el caso, y dos, dada las consecuencias. Nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera, todo tiene que ser basado en hechos, pruebas e investigaciones y eso es un proceso muy extenso.
¿La Fiscalía podría detener otras posibles solicitudes de asilo por parte de ex funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe investigados por las ‘chuzadas’?
Nosotros no podemos evitar una solicitud de asilo, pero tampoco podemos anticiparnos a decir que estas personas están tan comprometidas que se va a dictar medida de aseguramiento.
Tenemos que ser sumamente objetivos, es la evidencia la que marca el ritmo de la investigación y la que va a decir qué es lo que se tiene que hacer.
El último proceso que usted manejó fue el del llamado carrusel de las contrataciones en Bogotá, ¿cómo le deja esta investigación a su sucesora?
Unos fiscales delegados ante la Corte los entrevistaron en el consulado de Colombia en Miami a los representantes del Grupo Nule, los principales testigos en el proceso, y recolectaron toda la información que ellos ofrecieron para obtener un principio de oportunidad.
Todo eso se está evaluando porque no basta con que se haga mención de cosas sino se necesita que se haga un sustento tangible y visible que permita sustentar lo que ellos dicen y si tiene eficacia probatoria para el desarrollo de la investigación, que es sumamente grave, porque está vinculado un congresista y el actual Alcalde Mayor de Bogotá.
¿No es criticable el hecho de que la Fiscalía se haya tenido que trasladar hasta Estados Unidos para hacerles la indagatoria y no pedirles que vinieran?
Ellos son parte de la investigación, son testigos, no tienen ninguna orden legal que les impida trasladarse a otros países.
Ellos manifestaron que querían colaborar con la justicia y por eso la Fiscalía mediante una comisión se fue hasta allá para recolectar pruebas y escuchar sus testimonios.
Pasando a otros temas, hace poco usted denunció hechos de corrupción interna, ¿qué se hizo sobre esto?
Vale decir que los casos de corrupción no son frecuentes sino excepcionales. Aquí se creó y fortaleció la unidad de fiscales para atender la corrupción interna y se obtuvieron resultados importantes contra fiscales y contra jueces.
Lo que le dejamos a la nueva fiscal es una unidad que está produciendo excelentes resultados y sacando nuevas investigaciones para en poco tiempo eliminar toda la corrupción entre nuestros funcionarios.
Marilú Méndez, quien llevaba cuatro años como directora del CTI, tuvo que renunciar por unos escándalos de contratos irregulares, ¿eso fue parte de la investigación interna?
No, para nada. Ella ya me había anunciado meses antes que pensaba renunciar porque tenía otros proyectos diferentes y cuando se hizo mención de su nombre en los contratos de Fondelibertad ella presentó renuncia formal, la cual se le fue aceptada. Pero nosotros no tenemos ninguna información que permita judicializarla. Fueron hechos totalmente aislados.
Igualmente, el nombre de la directora de la Unaim, Ana Margarita Durán, también se ha visto enlodado pues a su hermana se le acusa de tener vínculos con narcotraficantes, ¿se piensa tomar alguna decisión sobre el tema?
Pues no porque ella no es la responsable de eso ni está asociada con su hermana para esos comportamientos que se le atribuyen, todo lo contrario, su desempeño ha sido óptimo con unos resultados que no se habían logrado en esa unidad en los últimos años.
En el Congreso se está tramitando un proyecto para reformar la justicia, ¿cuál es su opinión sobre este tema?
Es necesario que exista un Ministerio de Justicia separado de uno del Interior, porque el primero maneja temas muy complejos que requieren de especialización.
La reforma a la justicia se está rediseñando y hay unas propuestas muy interesantes de las entidades y competencias de las altas Cortes, toda reforma tiene que ser aceptada, discutida, criticada de tal manera que todo salga bien y no sea peor el remedio que la enfermedad.
La Fiscalía hoy
¿Cómo está la Fiscalía frente al tema del presupuesto?
Nosotros en estos momentos tenemos numerosísimos problemas que enfrentar, un porcentaje entre el 80% y 90% de los conflictos de la sociedad pasan por la Fiscalía, sin embargo, su presupuesto es bastante restringido y las exigencias no están a tono con la asignación presupuestal, pero tenemos que trabajar con lo que tengamos.
¿De ahí todos los problemas que han sonado con el atraso en investigación?
Sí porque falta mucha gente, sobre todo investigadores que son los que mueven el sistema acusatorio.
¿Cómo le deja la Fiscalía a la fiscal entrante?
Yo no me atrevo a hablar de mí mismo, pero lo cierto es que se dejó y se trabajó con decisión y se logró reunir un buen equipo para adelantar procesos por medio de unidades de investigaciones que venían muy atrasadas.
¿Cuáles son los retos para el próximo año?
Además de los casos más sonados, que son de urgente importancia por su trascendencia en la historia del país y por la gravedad contra los principios democráticos, los retos más importantes tal vez sean los menos sonados, como dar una verdadera respuesta a la ciudadanía a sus solicitudes cuando son víctimas de algún delito. Hay que darle mayor agilidad a la recepción de información para que la ciudadanía quede satisfecha.
¿Cree usted que se debería cambiar la metodología para la elección de fiscal?
No, yo creo que ese procedimiento está muy bien, lo que debe quedar claro es que la facultad del Presidente de la República no puede ser tan amplia y tan flexible para que escoja de manera tan caprichosa a quienes deban integrar la terna. Debe tener sumo cuidado para incorporar no uno o dos con la idoneidad suficiente para el cargo sino que sean ternas de verdad.
¿Se refiere a algún nombre o caso en específico?
No voy a dar nombres, solo tengo que decir que se debe ser más cuidadoso en este proceso de selección. Es claro que la Corte Suprema tiene dentro de sus facultades la posibilidad de hacer un juicio sobre la terna para saber que quien se elija sea la persona correcta, pero si se hace la elección correcta de los tres candidatos, su trabajo será mucho más fácil.
¿Le hubiera gustado que su nombre apareciera en la terna que nombró el presidente Juan Manuel Santos?
Nunca he aspirado a ser Fiscal General de la Nación, no tenía ese propósito y de haberlo tenido se lo habría hecho saber al Presidente de la República. Aunque yo sé que estos cargos no se salen a buscar, se los deben ofrecer a las personas.
Yo desde hace un buen tiempo dejé muy en claro que ya quería retirarme, recibir la jubilación, estar en otras actividades, porque han sido casi 40 años de servicio judicial. Pero no puedo negar que un honor tan grande como ser tenido en cuenta para la Fiscalía, no se puede despreciar.
¿Qué va a hacer después del 12 de enero?
Aspiro a estar incluido en la nómina de jubilados, a continuar con las actividades académicas y a trabajar como abogado que fue en lo que yo me formé. No he pensado en el retiro y quedarme viendo televisión en mi casa.
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