El presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo público hoy lunes el que se podría considerar como un nuevo escándalo de corrupción, en este caso de cara a las elecciones de octubre próximo y en el que podrían estar comprometidos funcionarios del Estado.
Se trata de la situación de la legalidad o ilegalidad de las firmas para la inscripción de los candidatos a la Alcaldía de Cali Rodrigo Guerrero y Susana Correa, a quienes aparentemente alguien buscó para que pagaran millonarias cifras de dinero con el fin de no invalidar sus candidaturas e incluso para ganar ese cargo.
El mandatario dijo que dos personas “de entera credibilidad de la campaña de Rodrigo Guerrero” se reunieron con él en la Casa de Nariño y le informaron que hace un par de semanas les habían propuesto pagar “la suma de 200 millones de pesos para avalar el registro de las firmas”.
Precisamente esta campaña (como también la de Susana Correa) recibió de parte de la Registraduría Nacional el viernes pasado una notificación negando la inscripción de su candidatura, con el argumento de que las firmas presentadas no fueron suficientes.
Santos, además, dijo que esas mismas personas buscaron en una segunda oportunidad al candidato, para decirle que si pagaba 2.000 millones de pesos, ganaría la elección del 30 de octubre.
El presidente expresó su sorpresa por esa situación, e incluso señaló que buscó a la candidata Susana Correa, quien también fue inhabilitada para la elección, y confirmó que igualmente había sido buscada para que pagara plata en el proceso.
La situación, según Santos, fue puesta en conocimiento de inmediato a la fiscal Viviane Morales, quien conoció el asunto y recibirá de las dos personas de la campaña de Guerrero la denuncia del hecho de corrupción.
También dijo que el propio aspirante a la Alcaldía de Cali está dispuesto a decir de manera pública el hecho y felicitó esa actitud de las dos campañas, que se negaron a pagar ese chantaje.
MÁS CORRUPCIÓN
El presidente Santos también le pidió a la Policía apurar la investigación sobre la información contenida en un disco duro, también entregado por la campaña de Guerrero, en donde habría datos sobre la forma en que se están usando para votar, cédulas que no han sido reclamadas.
Dijo que según se ha podido constatar, serían más de 42 mil los documentos de identidad que se usaron de manera fraudulenta en las pasadas elecciones, las cuales fueron expedidas, pero no han sido retiradas por sus respectivos titulares.
Para Santos, este es un ejemplo de cómo la corrupción se mete en las elecciones y atenta contra el proceso democrático formal.
