La gobernadora del Huila, Cielo González Villa, quien fue destituida e inhabilitada por 11 años, anunció que “respeta y acata la decisión de la Procuraduría General de la Nación bajo el entendido que es un fallo en primera instancia”.
La sanción a González fue impuesta por el manejo irregular de excedentes de regalías en una firma particular, que se hizo pasar como banca de inversión, cuando la mandataria ejerció como alcaldesa de Neiva.
En un breve comunicado, la mandataria seccional señaló “que continuará en el ejercicio legítimo de su mandato ejerciendo su derecho a la defensa porque está convencida de su inocencia y la transparencia de sus actuaciones”.
Frente a la decisión del Ministerio Público, subrayó que “esperaré la notificación oficial del fallo para conocer su contenido y alcance y establecer a través de mis apoderados la defensa legal”.
“Reitero plena confianza en Dios, en la Justicia y en sus tiempos; y lo único que deseo es que se esclarezca la verdad cuanto antes”, señaló González Villa.
“Quiero darle al departamento del Huila y a todas sus comunidades un reporte de total tranquilidad, que seguiremos trabajando con disciplina, responsabilidad y cumplimiento de nuestras políticas y en la ejecución de nuestro Plan de Desarrollo 2012-2015 Haciendo el Cambio”, concluyó la mandataria seccional
CARGOS ESPECÍFICOS
A la actual mandataria seccional se le formuló cargos porque en su calidad de alcaldesa de Neiva y en calidad de garante, incumplió su deber de dirigir la administración y la contratación municipal al no verificar entre los meses de julio y diciembre de 2007 las inversiones efectuadas por el Municipio, lo que conllevó a que el tesorero de la época Yesid Orlando Perdomo, sin competencia, depositara los primeros 6.000 millones de pesos correspondiente a excedentes de regalías y recursos propios en el encargo fiduciario en situación de riesgo, sin respaldo alguno y con beneficio a terceros.
Además, no verificó ni realizó seguimiento y control a las funciones delegadas y ejercidas por Yesid Orlando Perdomo, a quien le delegaron atribuciones como Secretario de Hacienda. Con este comportamiento, a juicio de la Procuraduría, “pudo incurrir a título de omisión impropia en faltas gravísimas.
La Procuraduría confirmó que los dineros colocados en el encargo fiduciario a nombre de Tigsa, “en ningún momento estuvieron depositados a nombre del Municipio”.