Crece la polémica por las denuncias del concejal Andrés Betancourt sobre el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, (IPCC), y los contratos con corporaciones ‘de papel’ que no estarían actualizadas en la Cámara de Comercio. El concejal dijo que denunciaría el caso ante los entes de control como la Procuraduría y la Contraloría para revisar la legalidad de dichas contrataciones. Sin embargo, las ONG sostienen que están dentro de los términos.
“Somos legales”
Betancourt se refirió entre otras, a la Corporación Nuevo Horizonte.
En una carta leída en el Concejo, el director ejecutivo de esta ONG, Rodrigo García, dice que las aseveraciones del concejal son “erradas y debe aclarar que no somos una empresa de papel”.
“Nos constituimos el 16 de diciembre de 1999 para el fomento de la cultura. Somos miembros de la federación de ONG de Cartagena y Bolívar, y de la red de ONG culturales del Distrito”, dijo García.
Enumeró los eventos en los que su organización ha participado desde su creación y sostiene que el Concejo cae en un error técnico y jurídico al tratarlos como empresa de papel.
“Según el concejal Betancourt, desde el 2006 no hemos renovado nuestra matrícula mercantil. Pero lo establecido en el Decreto 019 de 2012, artículo 166, incluye el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el de las entidades sin ánimo de lucro”, explicó García.
Consideró que a partir de la entrada en vigencia del decreto, las entidades sin ánimo de lucro deben renovar anualmente su registro mercantil dentro de los tres primeros meses del año.
“Trámite que está siendo exigido a partir de 2013 y pretender la renovación de nuestra matrícula antes de la vigencia, es contrariar la norma”, sostuvo García.
Supersociedades asumirá
El debate está en si son ONG o empresas comerciales. Para el concejal Andrés Betancourt, la Superintendencia de Sociedades y los entes de control deberán dirimirlo, porque si no existe una matricula mercantil se incurrirá en multa.
Betancourt sostuvo que el IPCC debe preocuparse, ya que son convenios interinstitucionales que generan una relación comercial con entrega de recursos públicos y no apoyos.
“En las investigaciones, Nuevo Horizonte se identifica como una ONG pero también como KP producciones, un operador logístico de varias empresas.
Hemos detectado que esta y otras no tienen una dirección exacta, ni están identificadas con los avisos pertinentes. Son unas casas de familia. ¿A dónde va a ir el Estado si tiene que reclamar?”, agregó.
“Para una empresa o fundación que no se identifique y lleve a cabo su objeto dentro de una vivienda no tengo otro apelativo a que son de papel. Ese no debe ser el criterio de selección ante la escasez de recursos públicos”, dijo el concejal.
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