Contra el exalcalde Carlos Díaz Redondo pesa una medida cautelar, mientras avanza un proceso por irregularidades en contrataciones.
En ese mismo proceso fueron vinculados el exalcalde Alberto Barboza y el exgerente de Transcaribe, Enrique Chartuni.
Los tres permanecen en sus residencias, como medida preventiva ordenada por el fiscal 13 seccional de Cartagena.
Los contratos tienen que ver con obras de construcción en el Parque de la Flores, al lado del Edificio City Bank, en el Centro.
La medida fue interpuesta el pasado viernes 19 de abril, el mismo día en que el fallecido alcalde Campo Elías Terán presentó su renuncia al cargo.
Tres días después se produjo el deceso del mandatario, en tanto que el ambiente electoral en la ciudad subía de temperatura y uno de los posibles aspirantes por los partidos Verde o Liberal era Díaz Redondo.
Díaz considera que todo esto es una injusticia, porque “los supuestos se dieron hace nueve años en una administración posterior a la mía. 7 años después de haberme escuchado en indagatoria, se toma hoy una medida de aseguramiento para garantizar la investigación y para que yo no evada la justicia, cuando nunca me he negado a enfrentar las acusaciones que se me han hecho, nunca he cometido un delito y no soy funcionario desde hace diez años”.
Sobre el contrato, aclaró que “en mi administración se adjudicó el contrato y ni siquiera se alcanzó a entregar el anticipo”.
Sobre si cree que hay sectores opositores que estén detrás de esto, por sus posibles aspiraciones políticas, el ex alcalde contestó que “algunos están felices, han aprovechado esta situación para tratar de dañar mi imagen, pero lo que han logrado es generar solidaridad hacia mí de la gente noble y buena de Cartagena”.
De lo que viene en el proceso reveló que “hemos presentado apelación al auto, tenemos fe en Dios que será revocado y que la justicia estará de mi lado, porque no he cometido ningún delito”.
Dijo que continuará con su proceso hacia la Alcaldía, porque “ya no es mío, es de la dirigencia comunal, cívica y social, que se han unido para implementar un modelo de gobierno donde el presupuesto distrital sea planeado, ejecutado y vigilado con la participación efectiva de los ciudadanos, quitándoselo de las garras a los pocos que hoy lo tienen capturado”.
“Es un proyecto que sacará adelante la unión en el marco de unas reglas de legalidad, transparencia, equidad y el interés general por encima de lo particular”, puntualizó.