La caída en la Corte Constitucional de la reforma constitucional que reglamentaba el Fuero Penal Militar, generó un fuerte impacto en los sectores del Gobierno que la promovían.
Mientras el presidente de la República, Juan Manuel Santos expresaba su “respaldo y gratitud” con las Fuerzas Militares y se comprometió a seguir “abogando por su seguridad jurídica", el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón interpretó el hecho como “un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas”.
Esta reforma reglamentaba en forma clara el fuero para los integrantes de la Fuerza Pública, estableciendo los límites entre la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar o policial, para juzgar a un miembro de la Fuerza Pública que cometiera algún ilícito.
De acuerdo con el texto de la reforma, un delito cometido por un agente de la Fuerza Pública, sólo podría ser conocido y juzgado por la justicia ordinaria, cuando se tratara de crímenes por fuera del servicio o de lesa humanidad. El resto quedarían en manos de la Justicia Penal Militar.
Para ello, se establecía un Tribunal de Garantías, compuesto por jueces y magistrados tanto civiles como militares, que evaluaba el caso y determinaba si lo asumía la justicia ordinaria o la penal militar.
Sin embargo, esta ley generó bastante oposición por parte de diversos sectores, especialmente los de las víctimas de estos crímenes, bajo el argumento de que esta reforma abría la puerta a la impunidad.
Otro sector que manifestó su desacuerdo fue la comisión negociadora de paz de las Farc que, desde La Habana (Cuba), rechazó este mecanismo diciendo que éste era un “terrible paso a la impunidad” e incluso aseveró que se veían venir “vientos de guerra”.
En ese momento, la comisión de la guerrilla denunciaba que aún existían cerca de 3.500 ‘falsos positivos’ sin resolver, de los cuales, apenas 665 habían pasado a etapa de investigación y solo 72 habían llegado a juicio.
Por esa razón, vale la pena preguntarse si la declaración de inexequibilidad a la reforma por parte de la Corte Constitucional, va a mejorar las condiciones del proceso de paz, en La Habana (Cuba).
Sobre esto opinó el ex consejero presidencial de paz, Carlos Eduardo Jaramillo, diciendo que la influencia sería muy poca, tomando en cuenta que las Farc siempre se han opuesto a esta reforma.
Para él, esto se podría solucionar acordando en la mesa la aplicación de algún mecanismo de Justicia Transicional. “Varios sectores de la política han planteado la posibilidad de que al firmar un acuerdo final que contemple beneficios penales para los guerrilleros, también deberá hacerlo para los militares y policías", agregó.
Con él estuvo de acuerdo el coronel retirado y ex comandante del Bloque de Búsqueda del Ejército, Carlos Alfonso Velásquez, quien agregó que “las Farc podrían celebrar esto internamente, pero no creo que hagan algún comentario al respecto”.
Por el contrario, para él es posible que esta decisión de la Corte, influya más sobre el ambiente de opinión en torno a ella. “Los que se oponen a la negociación van a tener más de qué hablar ante los medios de comunicación, poniendo pullas al proceso”, afirmó.
Según él, “como el marco jurídico para la paz, suaviza las penas para los guerrilleros y la caída del fuero militar genera inseguridad entre los militares, se podría llegar incluso a decir que no hay equilibrio”.
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