El Consejo de Estado tumbó la destitución e inhabilidad por 12 años que había proferido el Ministerio Público en contra del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar.
“No es para dramatizar sino que la Procuraduría lo recibe y la acata plenamente. Se demuestra que este es uno de los instrumentos que nuestro ordenamiento jurídico tiene para ejercer el control de legalidad de las decisiones de la administración”, indicó.
Desde Pereira, el Jefe del Ministerio Público recordó que es frecuente que la jurisdicción contenciosa administrativa, profiera decisiones revocando o modificando las decisiones de esa entidad.
“Desde luego todos los actos administrativos tienen control de legalidad, pueden estar incursos en desviación de poder, desconocimiento del derecho de audiencias y defensas, no me extraña la decisión”, apuntó.
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