La Procuraduría General de la Nación solicitó ante el Consejo de Estado la nulidad del fallo de esa Corporación que restituyó los derechos políticos al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar.
En la petición de nulidad, el Ministerio Público señaló que el Consejo de Estado no tenía competencia como juez disciplinario para modificar la sanción de destitución e inhabilidad en el cargo por el término de 12 años que le había impuesto a Salazar por participar en política.
La Procuraduría General pidió entonces al Consejo de Estado la nulidad del fallo proferido el pasado jueves 27 de marzo, considerando además que no tenía potestad para modificar el fallo, pasando de una destitución e inhabilidad a una amonestación.
Cabe recordar que los argumentos de la Sección Segunda de la Corporación para revocar el fallo de la Procuraduría fueron básicamente la existencia de una desproporción entre los hechos y la sanción impuesta.
Con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, la Corporación estimó precisamente que “el juez disciplinario tiene la competencia para reemplazar las decisiones de la administración para efectos de restablecimiento de derecho”, que es lo que cuestiona ahora la Procuraduría.
El Consejo de Estado modificó la sanción proferida a Salazar por estimar que el manejo que dio a unas denuncias de probables irregularidades en la contienda electoral del 2011 en Medellín fue “imprudente”, más no un hecho que se pueda catalogar como participación en política o favorecimiento de una colectividad en específico.
Salazar había sido destituido por la Procuraduría General de la Nación luego que denunciara en medios de comunicación y en su cuenta de Twitter irregularidades en la contienda electoral de 2011 para la Alcaldía de la capital antioqueña y presuntas presiones que favorecían a uno de los candidatos.
