La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Consejo de Estado que mantenga la investidura de la senadora Karime Mota, cuestionada por que supuestamente incurrió en tráfico de influencias y conflicto de intereses.
Para el Ministerio Público no existe una prueba documental o testimonial relevante que demuestre que la congresista hubiera pedido nombrar a sus recomendados en la EPS Solsalud, aprovechando su condición de senadora, la misma que habría usado para presionar al Superintendente de Salud, Gustavo Morales Cobo, de cara a los presuntos nombramientos.
"En criterio del Ministerio Público no fue debidamente comprobado, en esta medida considera que al final el proceso se encontró huérfano de pruebas", precisó la entidad.
Al mismo tiempo, la Procuraduría insistió en que en este tipo de procesos deben acreditarse suficiente material probatorio a fin que los hechos no se conviertan en especulaciones o en procesos que terminen en un desgaste para el aparato judicial.
La demanda fue radicada por el abogado Saúl Villar Jiménez, quien aportó recortes de prensa que citaban una entrevista en la que el Supersalud (Morales Cobo) al parecer señaló que había recibido llamadas de parte de congresistas para que nombrara a sus allegados en Solsalud.
Estos hechos involucrarían a la senadora Mota, al igual que al senador Roy Barreras, cuya investidura también fue demandada.
"La doctora Karime Mota como ponente del proyecto de reforma a la salud estaría también influyendo en un tráfico de influencias para adquirir puestos para sus preferidos", señaló Villar.
