Tras la orden del Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional, de recontar los votos de Senado en 13.700 mesas en todo el país, tras una petición del Movimiento Mira, los partidos políticos que habían obtenido curules correrían el riesgo de perderlas, por lo menos algunos de los escaños alcanzados.
El CNE ya le comunicó al Registrador y al Procurador sobre la tutela, por lo que Consejo Superior y los tribunales judiciales nombrarán las comisiones escrutadoras para hacer el proceso correspondiente.
Según Pablo Gil, presidente del Consejo Nacional Electoral, este reconteo abre el riesgo de que varios los partidos políticos puedan perder algunas de las curules que alcanzaron. “Esto modifica todo el Senado de la República y todas las listas de los partidos”, afirmó Gil.
Aún no se puede establecer cuáles y cómo se modificarían los resultados hasta terminar el reconteo de las 13.700 mesas que solicitó el Mira.
LAS RAZONES DEL MIRA
El senador Carlos Baena, vocero del Mira argumentó que el marcador utilizado en las elecciones del pasado 9 de marzo, traspasaba el papel y hacía que el voto en blanco apareciera marcado al tiempo, lo que anulaba el voto de quienes, dijo, quisieron votar por el Mira.
Otra de las razones de Baena es que los cálculos son desproporcionados entre los obtenidos en elecciones pasadas; entre Cámara de Representantes y Senado. Según Baena en comicios anteriores la diferencia era de 2% y en esta ocasión fue del 10%.
Para Alfonso Portela, registrador delegado para los asuntos electorales, “la causal perdió vigencia porque al hacer la ecuación de cámaras y senados de todos los partidos y se contemplara la diferencia del 10%, la mayoría de las colectividades tendrían que reclamar”.
Portela aclaró que acatarán la disposición del CNE y ejecutarán la logística correspondiente para garantizar el reconteo.
Pese a que se contempla una modificación en los resultados de Senado, los escrutinios que están en curso no se han detenido. Frente a esto Portela concluyó que no tiene sentido que se entreguen credenciales.
El plazo establecido por el Consejo Superior de la Judicatura para culminar este proceso, ordenado por tutela, es de 20 días, que según el magistrado Pablo Gil ya empezaron a correr. La Registraduría no declaró en qué tiempo podría realizarse el proceso pero garantizó que trabajarán según lo establecido por la acción judicial.
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