Un entuerto no muy fácil de resolver afronta la administración del alcalde Dionisio Vélez, sobre todo en lo que se refiere a la espinosa legitimidad sobre algunas tierras en la Vía del Mar.
La historia sale a luz pública por el fallo del juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena en cabeza de la juez Miladis Oliveros. La medida de arresto se toma en razón de un incidente de desacato, promovido luego de una acción de una tutela interpuesta por Ricardo del Río Quintana y Rubén Darío del Río Quintana, contra la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana.
La tutela fue fallada el 2 de julio de 2013, y pretendía acabar con un proceso de desalojo contra los actuales poseedores de varios terrenos en la Vía del Mar, 1 kilómetro después del Peaje Marahuaco, y en ella se reconoció en favor de los accionantes el derecho al debido proceso.
DECISIÓN CON ARRESTO
La providencia judicial declara que “María Elena Vélez Ospino y Dionisio Vélez Trujillo, representantes legales de la Secretaría del Interior y de la Alcaldía de Cartagena respectivamente, incurrieron en desacato de la sentencia del 2 de Julio de 2013, proferida por ese juzgado que amparó el derecho fundamental al debido proceso de los tutelantes”.
ARRESTO Y MULTA
La decisión, ordena dos días de arresto y multas de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes a los dos funcionarios “por el incumplimiento injustificado y culpable de la sentencia de tutela proferida por el despacho”.
DISTRITO SE DEFIENDE
La Oficina Jurídica del Distrito dirigida por Jaime Ramírez, busca tumbar este fallo.
Ramírez explica: “Conocemos el fallo de tutela contra el Alcalde y contra María Elena Vélez en calidad de Secretaria del Interior, pero esta oficina ya presentó (ayer) un escrito de nulidad contra el fallo que los sanciona porque el Juzgado no tuvo en cuenta el periodo probatorio dentro del trámite del desacato, y constituye una causal de nulidad; es decir, en el incidente no se habrían tenido en cuenta las pruebas.”, dice el jefe jurídico.
“Esa solicitud de nulidad debe ser resuelta en segunda instancia en el grado de consulta, es decir que la decisión contra los servidores públicos, todavía no está en firme, pues ahora al superior, para este caso, el juez civil del Circuito, será quien resuelva, el asunto”, agrega el jurídico. “No es cierto que se haya incumplido la orden judicial, cumplimiento sí hubo, pero era necesaria otra actuación que no dependía de la Secretaría del Interior, sino de la Inspección de Policía. Todas las pruebas fueron aportadas al juzgado junto con las resoluciones mediante las cuales la Secretaria del Interior, acata la decisión judicial”, explica.
Otro argumento en contra del fallo, es que Vélez Ospino ya no es Secretaria del Interior sino directora de Corvivienda, y el juzgado no hizo un requerimiento nuevo al actual secretario, que es Roberto Barrios, quien nunca fue vinculado al proceso.
LA HISTORIA
Adelina Quintana de Del Río, de 81 años, es la madre de los demandantes. Cuenta que su difunto esposo, Víctor Del Río, “nos dejó la tierra en la Zona Norte debidamente registrada desde hace 50 años, pues él entró aquí en la década del 45. El terreno fue objeto de la sucesión y división de bienes en 1996, por un juez de la República. Él falleció en el 2004, y en el 2008 irrumpieron tres grupos de personas a quitarnos la tierra”, narra.
“Los he enfrentado a pesar de que soy una adulta mayor, con el apoyo de mis hijos. No voy a dejar que me roben porque no soy ni narcotraficante ni ladrona. Nuestra vida es un libro abierto. Toda la gente que se levantó con mis hijos en Morro Grande y Chimá del Guayepo (sector de las tierras) saben quién era mi esposo ”, dice.
“El Ministerio de Transporte me compró a mí tierras para pasar la carretera luego de constatar mi propiedad”, dice. Cuenta que el 29 de mayo de 2013 ingresaron a su terreno 80 personas en la Ensenada del Gato, tierra que vendió Juan Antonio Grau Torres. “ Eran pandilleros pagados y arrasaron con todos los cultivos, casi nos matan, pero la tutela nos salvó”.
“Hay muchos calanchines en esto. Yo he luchado contra todos. No quiero perjudicar a Dionisio Vélez, porque el abuelo de ese muchacho, don Dionisio Vélez Torres, fue amigo personal de mi esposo”, agrega la octogenaria.
En vista de que había pasado un año de la orden de tutela, sin que el Distrito cumpliera, doña Adelina decidió volver ante la juez, que decidió el desacato.
LÍOS DE TIERRAS
El Distrito adelanta varias acciones de desalojo en la Zona Norte y la Vía del Mar, por invasiones, toma a la fuerza de terrenos, falsos poseedores, y en medio de todo esto están decisiones judiciales y las acciones administrativas.
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