Después de dos horas y media de discusión, los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional avalaron la ponencia que presentó la magistrada encargada Marta Sáchica, que estima que el Marco para la Paz debe dejarse intacto, tal y como salió del Congreso.
Es decir, que se deje intacto el artículo tercero del Marco Jurídico para la Paz que prohíbe participar en política a excombatientes responsables de delitos de lesa humanidad y de genocidio cometidos de manera sistemática.
El artículo prohíbe que exguerrilleros responsables de delitos de lesa humanidad y de genocidio realizados sistemáticamente hagan política. Dice textualmente: “una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos”.
El aval dado por la Corte Constitucional al Marco Jurídico para la Paz es esencial para que los diálogos de paz con las Farc avancen en Cuba.
La Corte se pronunció sobre el tema a raíz de una demanda interpuesta por el exviceministro de Defensa Rafael Guarín, quien utilizó este recurso para impedir que los insurgentes responsables de crímenes graves puedan aspirar a cargos políticos.
En la sentencia, la Corte resalta la responsabilidad del Congreso de la República para reglamentar las condiciones y opciones que tendrán los guerrilleros para reincorporarse a la vida civil.
Con esta decisión de la Corte, la Fiscalía tendrá un papel fundamental, a través de sus investigaciones, para determinar los guerrilleros que podrán participar en política y cuáles no.
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