La Sala Plena de la Corporación anuló con una votación de 15 a 9, el decreto 1351 de 2012, por el cual se convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para que estudiara las objeciones del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en contra de ese acto legislativo y en las cuáles fue archivada finalmente la polémica reforma en junio de 2012.
La decisión de ‘hundir’ en sesiones extras un acto legislativo no tenía precedente y generó gran polémica desde el primer momento, tanta que el presidente Santos anunció que asumía toda la responsabilidad política y jurídica por hacerlo. En dicho decreto se argumentó “que ninguna norma de la Constitución prohíbe de manera explícita la presentación de objeciones gubernamentales contra actos legislativos”.
La Sala estudió una ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, que anula el decreto alegando que la citación a sesiones extras fue inconstitucional, pero no entró a debatir lo que se aprobó allí.
La ponencia igualmente señalaba que hubo una vulneración del artículo 149 de la Constitución y que el Congreso tramitó de manera irregular la última sesión extra de la reforma.