La financiación de las campañas políticas empezó a ser el centro de la polémica en la ciudad en el año electoral que comienza.
El Consejo Nacional Electoral tiene previsto para este año un plan de choque para meter en cintura la alta financiación fraudulenta de las campañas millonarias.
En Cartagena se habla de que una campaña para la Alcaldía de Cartagena oscila entre los 20 mil y 30 mil millones de pesos, en tanto ganar el preciado puesto de la Gobernación podría estar entre 15 mil y 20 mil millones.
Eso es mucho dinero si se tiene en cuenta que los topes permitidos están en el orden de los mil millones de pesos por campaña.
Pero los políticos se las arreglan para burlar esos controles. Pero ¿por qué es tan caro y a la vez tan jugoso el negocio de la política y por qué financistas se interesan en conformar una bolsa común para apoyar a un candidato? La respuesta está en que la retribución es mayor que el apoyo y los financistas que apostaron una “gran tula”, por determinado candidato, recuperarán su dinero con intereses a través de la contratación pública, concesiones, convenios, órdenes de prestación de servicio en las entidades públicas que entran a controlar, una vez gane el candidato apoyado.
Esto opinan tres analistas sobre la violación de topes de campañas y cómo se debe hacer para que haya control sobre esa situación.
ESTADO VIGILANTE
“La mejor forma de controlar los topes en la financiación de las campañas políticas es la financiación directa del Estado a las mismas campañas; algo que en un país como Colombia no se puede lograr a corto plazo, de todas maneras el Estado debe tener esa meta”, dice el politólogo Julio Morales Daza, de la Universidad del Rosario.
“Para solucionar ese problema se pueden aplicar mecanismos de observación y control fiscal, que sean efectivos a la hora de cuidar los topes de las campañas, aunque es difícil porque el Estado no tiene la capacidad institucional para estar encima de todas las campañas ni en todos los niveles territoriales”, agrega Morales.
FINANCIACIÓN ESTATAL
“La única posibilidad es que el 100% de la financiación sea estatal, como en el Ecuador en donde al partido que postula a un candidato debe ceñirse al tope, entonces el Estado entrega esos recursos, da las garantías y establece que eso sirve para comprar determinado número de gorras, suéteres, y colocar ciertas cuñas radiales y publicidad en periódicos. Como no existe esa financiación estatal, entonces el aspirante o la campaña empieza a gastar en efectivo, y dineros del narcotráfico, el paramilitarismo o de empresarios con recursos de dudosa procedencia o de la cual no se conoce la fuente, fluyen y permean la campaña”, explica por su parte el abogado y analista político Nausícrate Pérez.
“La ley pone unos topes pero es laxa, ni siquiera vigila, como por ejemplo lo hace la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian). Los funcionarios a cargo de esos controles, deben pedir el plan de gastos de publicidad, de vehículos, y demás, lo cual debe ser auditado y que se presenten unas facturas especiales. Esas campañas deberían tener una auditoria del Consejo Nacional Electoral asesorados por la misma Dian. El Estado debe ser fuerte en la aplicación de la ley, como se está haciendo con la ley contra los conductores ebrios”, opina el economista Iván Caraballo.
“Además debe aplicarse la prueba de diagnóstico, porque hay publicidad callejera que no se paga y también con el pago de recompensas a personas que saben muchas cosas para que denuncien quién pagó determinada logística para una u otra campaña”, agrega Caraballo.
“Se debe revelar cuál es el fin de la verdadera financiación subterránea de los candidatos que cuando ganan, entregan toda la contratación estatal a favor de los financistas con 30% o 40% de comisiones y con el resultado de obras mal hechas para la ciudad”, dice Caraballo. Los tres consultados coinciden en que el poder radica en la ciudadanía una vez conoce todas estas anomalías y abstiene de la comprar votos para de esa manera evitar la corrupción y que mandatos poco transparentes se prolonguen en el poder.
GUERRA DE FINANCISTAS
El registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez, explica que “el financiamiento privado de una campaña electoral, ya sea de particulares o de fuentes crediticias, debe estar sometido a precisos límites que democraticen las contribuciones individuales, pues en los extremos respecto de los montos de la financiación por parte de los grupos económicos dominantes versus un gran número de pequeñas financiaciones particulares, obliga a preferir a estos últimos”.
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