La bancada de Opción Ciudadana en el Concejo citó a un debate de control político a los representantes del Distrito, del concesionario del Alumbrado Público de Cartagena y de la interventoría de dicha concesión. El objetivo, a juicio del concejal citante Alfredo Díaz, tras un cuestionario de 20 preguntas allegado a los citados, fue “conocer cómo se ha desarrollado este servicio de concesión de iluminación pública, teniendo en cuenta las necesidades de modernización y el cuidado del medio ambiente de la ciudad”.
El secretario General del Distrito, Carlos Coronado, explicó ante la plenaria que la ciudad tiene una necesidad de iluminación y de modernización de la misma.
“Socializamos un proyecto de modernización del alumbrado público de Cartagena, concesionado en 1998, y cuyo término finaliza en el 2018, porque hemos podido establecer que hay muchos problemas, como por ejemplo, 200 parques a oscuras, pero dentro de todo eso lo más importante es la semaforización de Transcaribe”.
Solo los semáforos para Transcaribe cuestan $8.500 millones para un sistema de 29 intersecciones en la troncal principal.
“Todo el esquema de cambio de luminarias y modernización del sistema de alumbrado público vale $58 mil millones, la modernización es una necesidad del Distrito pero existe una concesión. Nosotros no estamos pidiendo la prórroga por 10 años más de la concesión, lo que estamos poniendo en el tapete son los problemas del alumbrado y adelantar la semaforización”, agregó Coronado.
A la sesión acudieron, también, Raymundo Pereira Lentino, representante de la concesión de Alumbrado Público; William Murra, interventor de la concesión a través de la empresa QBM;_ y el secretario de Hacienda, Carlos Granadillo.
“Hay desatinos”
William Murra consideró que la oferta de prórroga que hace el concesionario por 10 años, basada en un desequilibrio económico, “es un desatino”.
“No hay una sola amenaza de desequilibrio y queda la impresión de que si el Distrito no avala la propuesta de extender el contrato de concesión vendría la demanda”, dijo Murra.
El ingeniero Murra estimó que solo en el cambio de luminarias públicas, “el valor de la inversión en cambio tecnológico al pasar de vapor de sodio y otros a la tecnología LED por $58.498 millones de pesos lo consideramos un precio muy alto”.
Según el estudio presentado por Murra, actualmente la concesión de alumbrado público ha recaudado en los últimos seis meses unos $2 mil millones por mes; y en el escenario de una eventual prórroga ese recaudo sería “superior al 94% de la facturación actual”.
Los representantes del Distrito apuntaron a que el gobierno de Dionisio Vélez tendrá en cuenta todas las recomendaciones del debate dentro del análisis que se adelanta.
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