La senadora Daira Galvis instó a la Contraloría General de la República a que le explicara en qué va el control excepcional que se sigue sobre las cuentas y recursos públicos manejados por el contrato de Concesión Vial de Cartagena o corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena y sus respectivos otrosíes. Esta concesión es la que maneja los peajes de Cartagena.
Galvis instó del ente de control respuesta al por qué inicialmente no se aprobó el control excepcional que posteriormente fue aceptado.
Le pregunta sobre cuáles fueron las razones para que la Contraloría General de la República no haya tenido en cuenta que el fallo de la Contraloría Distrital estaba ejecutoriado desde finales de enero de 2017; y se haya ordenado el control excepcional como control preferente, lo que paralizó todas las acciones que tenía que desarrollar este ente de control fiscal local, para iniciar el proceso de juicio de responsabilidad fiscal sobre este recaudo.
Cabe recordar que un grupo de ciudadanos, veedurías, y representantes de otros sectores han criticado el manejo de los peajes en Cartagena y piden su término, ya que, para muchos, la empresa ya debió cumplir con las inversiones, el recaudo, y la tasa de retorno por captación de pago de peajes, pactado en la concesión para el manejo del corredor de acceso rápido con el Distrito, contratación que ya cumplió sus 20 años.
Pero el ente de control, en sus respuesta a Galvis, dijo que “que en ningún momento el despacho del contralor General, (hoy Carlos Córdoba) negó el control excepcional, pues, por el contrario, luego de solicitar la complementación de la información requerida para proceder a estudiar la viabilidad, adoptó la decisión de la aceptación de ese control”.
Esa facultad constitucional fue la que desplazó de inmediato la competencia que sobre el hecho tuviera la Contraloría Distrital correspondiente. “Por tanto, todas la actuaciones que estuvieran en trámite (como las de la Contraloría Distrital) eran objeto de sustracción”.
Galvis preguntó también cuáles son las razones para que la Contraloría General a la fecha, es decir, más de 360 días después del auto de noviembre de 2017, no haya fallado; siendo que todos los saldos de la caja de la concesión en cuestión están aprobados por todos los actores involucrados en esta discusión; y además, es muy elemental introducir los valores en la fórmula que tienen los computadores para calcular la Tasa Interna de Retorno, TIR, de cualquier proyecto.
La Contraloría General respondió que “el proceso de responsabilidad fiscal ordinario contra la Concesión Vial fue trasladado a la gerencia departamental en Bolívar”, y que ya se avanza en 12 puntos.
Además advirtió que el proceso se encuentra en “etapa probatoria, con la finalidad de tomar la decisión que corresponda, luego de que un profesional de esa entidad rinda un informe para el cual fue designado”.