Las polémicas entre el alcalde William Dau y el contralor distrital Freddys Quintero han estado al orden del día. Desde el año pasado el mandatario de los cartageneros denunció una “persecución política” de parte del contralor y en sus declaraciones más recientes incluso lo calificó como un “títere al servicio de los malandrines”, a lo cual Quintero poco se ha referido.
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Lo cierto es que son varios los procesos y las denuncias que se han iniciado de parte y parte, y que han alimentado la rivalidad entre ambas entidades.
El Universal hace un recuento de los principales casos.
I. Contrato de la primera dama
La apertura de un juicio de responsabilidad fiscal por el contrato de la exprimera dama del Distrito, Cynthia Pérez Amador, fue el inicio de una larga disputa entre el alcalde Dau y el contralor Quintero, que se ha prolongado hasta el día de hoy.
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En septiembre del año pasado, la Contraloría Distrital informó de un supuesto detrimento patrimonial en la orden de prestación de servicios (OPS) de Pérez Amador, que por su cargo estaba recibiendo unos honorarios de $7 millones.
Según la Contraloría, la exprimera dama tampoco contaba con la formación profesional ni la experiencia necesaria para devengar esa cantidad de dinero, por lo que sus honorarios debían ser de aproximadamente $2 millones.
Tras la noticia, el alcalde inmediatamente salió a defender a su primera dama y criticó el actuar de la Contraloría, que en su criterio se ha ensañado en desprestigiar su gobierno. “Nunca jamás se había visto una investigación por OPS hasta cuando llegó la administración Salvemos Juntos a Cartagena”, dijo.
Sin embargo, la negativa inicial del alcalde de reajustar los honorarios de Pérez, trajo otra consecuencia: la suspensión de su secretaria General, Diana Martínez. La Contraloría sostuvo que la funcionaria era la encargada de suscribir los estudios previos del contrato de la primera dama, por lo cual debía ser separada de su cargo.
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Ante esto se reforzó más el imaginario de una persecución política y Cynthia Pérez terminó saliendo de la administración. El presunto detrimento patrimonial por aproximadamente $43 millones causado a la Alcaldía por ese contrato fue pagado gracias a un esfuerzo colectivo de ciudadanos y funcionarios.
Aún así, Diana Martínez no regresó a su cargo y finalmente renunció, denunciando que la Contraloría estaba dilatando el proceso para levantar su suspensión.
II. Denuncias y auditoría
El alcalde William Dau respondió al contralor Quintero con una serie de denuncias sobre presuntos actos de corrupción que fueron revisados por la Auditoría General de la República y luego trasladados a la Fiscalía General de la Nación.
Entre ellas se encuentra un audio en el que supuestamente Quintero estaría intentando obtener apoyo de los concejales para el concurso de la Contraloría. También, que habría nombrado como funcionaria de planta a una mujer que sería su compañera sentimental.
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La exprimera dama, Cynthia Pérez; y la exsecretaria General, Diana Martínez, dejaron la administración en medio de estas polémicas.
Sobre este último punto Quintero se defendió recientemente diciendo que su estado civil es soltero. “Mi registro civil no tiene la opresión de matrimonio y en este momento no estoy conviviendo con nadie”, manifestó.
Dau también denunció otros nombramientos en la Contraloría. El de Rafael Cantillo, director técnico de responsabilidad fiscal y acciones judiciales; Franz Seidel Peralta (hermano de la exsecretaria General, Martha Seidel Peralta), como asesor jurídico; y Karen Puello, quien fue contratista del Fondo de Pensiones en 2016.
III. Embargos
La más reciente polémica corrió por cuenta de un documento a través del cual la Contraloría Distrital pidió embargar las cuentas de más de 40 funcionarios y exfuncionarios del Distrito por supuestos pagos indebidos por $1.100 millones en gastos de representación durante el 2020.
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Lo anterior como una medida cautelar en medio de un proceso de responsabilidad fiscal. “La medida se toma porque fue una situación advertida a la administración, tenían el conocimiento del no pago y lo siguieron pagando. Se busca con esto proteger el patrimonio de Cartagena”, dijo Quintero a La W Radio.
Dau no tardó en reaccionar y nuevamente criticó al contralor de insistir en la persecución política. Sobre su defensa en este caso, aseguró que denunciará penalmente a Quintero y solicitará el acompañamiento de la Auditoría General. También presentará una tutela para hacer valer los derechos de los implicados.
IV. Arriendo de la Contraloría
De la mano con la polémica de los embargos, llegó una nueva controversia por el costo del arriendo del inmueble donde funciona la Contraloría, en la avenida Crisanto Luque.
Según Dau, una de las razones por las cuales Quintero ha tomado estas decisiones como contralor es porque quiere que el Distrito pague el arriendo del inmueble. Explicó que en el 2019 la administración anterior firmó un contrato por $105 millones para este fin, pero que con su llegada, el arriendo bajó a $45 millones.
Sin embargo, el contralor Quintero rechazó las declaraciones y dijo que el alcalde mentía. Manifestó que el contrato suscrito en 2019 también incluyó el nuevo mobiliario de la sede. “El valor que se pagaba por arriendo era de $38 millones, lo demás tenía el valor que se daba por el arrendamiento de esos muebles a favor”, dijo Quintero.
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En este sentido aseguró que durante la administración Dau el arriendo subió a $45 millones. Adicionalmente, dijo que una vez terminado el convenio para que la Alcaldía asumiera este gasto, la Contraloría con su presupuesto logró conseguir el arriendo por $25 millones.
“Falta a la verdad el alcalde al momento de señalar que se pagaban $105 millones de arriendo. Eso nunca se pagó, y no lo señalo yo, es una evidencia que se puede ver en un contrato”, puntualizó.
Un cargo lleno de polémicas
El cargo del contralor distrital ha estado en el ojo del huracán desde el año 2017, cuando Nubia Fontalvo, quien ostentaba esa posición, fue detenida por un presunto complot con varios concejales, el exalcalde Manuel Vicente Duque y su primo José Julián Vásquez.
Desde entonces asumió el encargo el actual contralor Freddys Quintero, quien en 2020 postuló su nombre para ser elegido. Sin embargo en esa elección, en la cual resultó ganador Héctor Consuegra, también hubo controversia.
Consuegra, a pesar de haber obtenido la mayoría de los votos en el Concejo, fue suspendido por incurrir en una presunta inhabilidad. Ante ello, fue designado como contralor encargado otra vez Freddys Quintero, quien ocupó el segundo lugar en la votación.
Recientemente la Procuraduría abrió una indagación contra Quintero y siete concejales por presuntas irregularidades en el encargo y en la convocatoria.
Ahora ante un nuevo proceso para elegir al jefe del control fiscal en Cartagena, se desconoce si Quintero aspirará nuevamente, ante ello lo que ha dicho es que “las convocatorias son públicas y como ciudadano tiene el derecho a presentarse”.