Una polémica se desató el pasado 10 de septiembre cuando la Contraloría Distrital de Cartagena, por un proceso de responsabilidad fiscal, embargó las cuentas personales del alcalde William Dau y de 42 de sus funcionarios y exservidores públicos de la Alcaldía.
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En ese momento el ente de control fiscal informó a varias entidades bancarias de su decisión de embargar las cuentas de las 43 personas, como medida cautelar ante una investigación por un presunto detrimento de más de $1.600 millones, que habría causado el pago de gastos de representación a los procesados por sus labores en la administración.
Por ejemplo, contra el alcalde William Dau se ordenó un embargo por $1.611.317.376, que sería el monto total del detrimento. Le imputaron esta medida por ser ordenador del gasto y encargado de los pagos de los gastos de representación a los demás procesados.
Otros de los embargados fueron Martha Carvajal y Adelfo Doria, como exjefes de Talento Humano operadores de la función nominadora, teniendo en cuenta que validan la nómina. Es decir, autorizaron pagos de esos gastos de representación a los demás procesados.
La Contraloría indicó que la investigación es el resultado de una auditoría de control en 2019, que motivó en su momento que se le hiciera una prevención al Distrito sobre funcionarios, distintos al alcalde, que devengaban gastos de representación, “sin tener soporte legal para hacerlo”. Desde el ente de control interpretan que esa erogación salarial solo la pueden devengar dignidades como el alcalde y el gobernador.
La reacción de Dau
El pasado 5 de febrero, el alcalde de Cartagena, William Dau solicitó a la Contraloría General de la República que le quitara funciones al ente de control distrital por “ineficiencia”, y que las competencias de control y vigilancia del respectivo proceso en su contra se hicieran desde Bogotá.
El mandatario soportó la petición con señalamientos que dentro de la Contraloría Distrital existirían injerencias políticas que pueden afectar las acciones de vigilancia y control. “Los motivos son por duda de imparcialidad, por mora injustificada y falta de eficiencia”.
Dau se refirió en esa ocasión al nombramiento del nuevo contralor encargado, tras la salida de Freddy Quintero, dijo que Rafael Castillo Fortich estuvo envuelto en hallazgos de responsabilidad fiscal en el año 2020: “En la auditoría realizada en el 2020 a la Contraloría Distrital de Cartagena, se encontraron hallazgos administrativos en relación con el nombramiento de Castillo Fortich como director técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales. Esta situación afecta la imparcialidad de las investigaciones”.
La batalla ganada por Dau
Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República, respondió de manera positiva la solicitud interpuesta por el abogado del alcalde Dau, Iván Acuña, de que sea el ente de control nacional el que asuma la investigación fiscal contra el burgomaestre y los otros imputados.
“La Contraloría General consideró que la Distrital no ofrecía suficientes garantías que se deben tener ante cualquier investigado, sin esclarecer objetivamente el daño ni mucho menos la responsabilidad fiscal de los funcionarios, y a pesar de ello haber dictado auto de imputación fiscal decretando los embargos”, señaló en su momento el jurista Acuña, con relación a una presunta utilización política del órgano de control fiscal local y de que no tenían la razón para haber iniciado el proceso.
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La imputación de “culpa grave”
El anterior auto proferido por la Contraloría Distrital fue declarado nulo, según el abogado del alcalde Dau, Iván Acuña, por lo que en el nuevo auto de imputación fiscal proferido por la Contraloría General, luego de las investigaciones y auditorías respectivas, se desvincularon a 40 personas y solo se sanciona al alcalde William Dau y a los directores administrativos de Talento humano: Adelfo Doria y Martha Carvajal. Se cayeron los embargos y no se decretaron nuevos y se solicitará la devolución de la totalidad de los dineros que se habían embargado.
La responsabilidad fiscal estaría demostrada en la existencia de un daño al erario, de acuerdo con las pruebas recaudadas en virtud de “la actuación fiscal ineficiente, ineficaz y antieconómica, toda vez que con su
proceder transgredieron la función de salvaguarda de los intereses que en sus cabezas reposaba”, indica el documento.
Además, la Contraloría vinculó, en calidad de tercero civilmente responsable, a la compañía aseguradora Solidaria de Colombia, quienes otorgaron la póliza de seguro por 550 millones de pesos, en el evento en el que se incurrió en delitos contra la administración pública, la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas.
La entidad de control soportó su decisión con pruebas y documentos recabados por el grupo auditor, las cuales pueden ser controvertidas por los vinculados; pero, recalcando que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
Revise el auto de la Contraloría General aquí: