Tras la polémica desatada por el contrato entre el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la empresa antioqueña Plaza Mayor de Medellín para la organización de los eventos novembrinos, el que motivó que se abriera una investigación por parte de la Personería Distrital, el director de la entidad dio su versión de la situación.
El contrato en cuestión tiene un valor que asciende los 2 mil millones de pesos. Uriza explicó a El Universal los motivos para escoger a la firma paisa para que ejecute la gestión de las Fiestas de Independencia y así aclarar las dudas derivadas en la ciudad.
¿Por qué no contratar con cartageneros?
El funcionario contextualizó que el IPCC tiene unas dinámicas internas de materia jurídica para contratar cuando se acercan las Fiestas de Independencia. “Se hace un estudio previo de los recursos y alternativas contractuales. Históricamente, en la entidad la modalidad para este tipo de procesos ha sido normalmente la contratación directa o como la han llamado: ‘a dedo’. Esto no viene de ahora ni se relaciona con una irregularidad”, afirmó.
Y agregó: “Más que profundizar en el tipo de contrato o se trata de satanizar las prácticas anteriores sino de expresarle a la ciudadanía que debe estar confiada y tranquila, pues se contrató a un excelente aliado por sus cualidades de entidad de economía mixta. ¿Por qué? Su principal socio es la ciudad de Medellín en un 75%. Además está la Cámara de Comercio de Medellín y, por último, unos privados que no conforman ni siquiera el 5%. Entonces, además de la gran experiencia nacional e internacional y la idoneidad de la empresa en la producción de eventos, entre los que se encuentra la posesión presidencial de Gustavo Petro o la Feria de las Flores, está en juego la reputación de la Alcaldía de Medellín y por eso nos da la credibilidad que cumplirán con lo que se espera”.
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“Vale la pena resaltar que las fiestas no son del IPCC ni de la Alcaldía ni de otra entidad, las fiestas son del pueblo y para el pueblo. Lo que hacemos es habilitar las condiciones ideales, jurídicas y técnicas, para el goce de las manifestaciones de nuestro Patrimonio Cultural e Inmaterial con la mayor calidad posible y de forma óptima”, aseveró Uriza.
Los locales no cumplieron con las condiciones
De la no contratación de una empresa cartagenera, uno de los elementos espinosos de la coyuntura, Uriza explicó que en Plaza Mayor encontraron la capacidad técnica y financiera que se buscaba. Sin embargo, y sin demeritar las cualidades de entidades locales, indicó que estas no podían ser contratadas por modalidad directa sino mediante convocatorias públicas a través de licitaciones, según el Decreto 092 de 2007.
“Confieso que ese tema nos molestó. Ese tipo de administración de nuestras fiestas se debe debatir con el Concejo para que el próximo año sean cartageneros los que gestionen los eventos. Así se hace en Medellín, Bogotá, Cali y en Barranquilla, donde cuentan con entidades cuya naturaleza jurídica faculta y permite la administrativa jurídica y financiera con mucha mas agilidad que la que tenemos. Lo ideal sería crear una institución como la Corporación Carnaval de Barranquilla”, expuso.
“Es un tema político”
El director del IPCC aseguró que la discusión no debe ser si son locales o foráneos, pues los regionalismos no son normativas de la contratación estatal, sino los ajustes necesarios para gestionar las fiestas desde su estructura básica. “Nosotros sabemos que esto no es un tema jurídico y que las críticas provienen desde el ámbito político. Son detractores que han tergiversado el asunto como no es”, dijo Uriza.
Y resaltó: “Eso que la plata se la van a llevar para Medellín o argumentos similares son falaces. Es tan así que un concejal, de quien me reservaré el nombre, hizo una presentación con imágenes y datos alejados de la realidad, sin mencionar las convocatorias y estímulos a los actores culturales de la ciudad que hemos hecho. Esto es una lucha y una puja política. Bueno, eso ya no nos corresponde sino dialogar con todos los interesados en llevar a buen puerto nuestras fiestas de noviembre”.
Uriza subrayó que toda la información contractual está disponible para la consulta ciudadana. Allí, aseguró, se evidencia que en todos los eventos festivos ha habido mano de obra local. “Tenemos los datos de quienes trabajaron en el evento de lanzamiento, las personas contratadas para controlar los baños, el contratista de la tarima y las luces. Todo eso con el ánimo de que se sepa que hasta los vigilantes eran cartageneros. Nada más teníamos a un representante de Plaza Mayor, pendiente que las cosas sucedieran de la mejor manera posible”.