El 29 de octubre se llevarán a cabo elecciones en Colombia para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles y miembros de las juntas administrativas locales.
Según la Alerta Temprana 030 de la Defensoría del Pueblo, se han registrado 173 actos de violencia en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023, una cifra menor que la registrada entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre. Lea también: 10 municipios en Bolívar tienen riesgo electoral, según la MOE
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“Mientras más cerca estamos de las elecciones, mayores son las acciones violentas de los grupos armados ilegales contra los candidatos o líderes”, aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.
Los departamentos más afectados
La Defensoría identifica a las disidencias de las FARC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también conocidas como Clan del Golfo) y el ELN, junto con grupos de crimen organizado, como los responsables principales de estas vulneraciones, aunque en muchos casos no se conoce al autor.
“Estos grupos armados ilegales o criminales realizan ataques o atentados contra candidatos o sedes políticas, homicidios, restricciones a la movilidad y afectan directamente el proceso electoral”, advirtió Camargo en el informe.
Los departamentos con el mayor número de incidentes violentos registrados entre agosto y septiembre en municipios de alto riesgo son Norte de Santander con 20, Arauca con 15, Nariño con 12 y Bolívar con 9. Le siguen Cauca, Antioquia, Guaviare, Huila, Valle del Cauca, Chocó y Putumayo con un número menor de incidentes. Lea además: Procuraduría advierte riesgo de trasteo de votos en elecciones de Bolívar
El Defensor del Pueblo expresó su preocupación por la falta de una respuesta estatal clara y efectiva en términos de protección y prevención para las poblaciones en riesgo. También hizo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que tome medidas cautelares destinadas a proteger los derechos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, personeros y candidatos a elecciones regionales que enfrentan amenazas o se encuentran en alto riesgo debido a la actividad de grupos armados ilegales.