William Dau Chamat, exalcalde de Cartagena, reaccionó airadamente a la más reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación, ente que formuló cargos contra él y a seis funcionarios de su administración por presuntas irregularidades en el contrato de construcción de un colegio por $17 mil millones.
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Según el Ministerio Público, los investigados habrían incurrido en presuntas irregularidades en la aprobación y contratación de la construcción y dotación de un colegio en la vereda Tierra Baja.
El proyecto, financiado con recursos del Sistema General de Regalías, habría sido contratado sin contar con la disponibilidad presupuestal necesaria.
Según la investigación de la Procuraduría, los contratos de obra y consultoría para el proyecto se habrían firmado en enero de 2023, a pesar de que los certificados de disponibilidad presupuestal que respaldarían su financiamiento habrían vencido a fines de 2022.
“Conforme a la normatividad que regula los presupuestos de regalías, los certificados de disponibilidad presupuestal que no tuvieron compromiso vinculado al cierre del bienio 2021- 2022 perdieron vigencia el 31 de diciembre de 2022, por lo que las apropiaciones presupuestales para el tema de regalías y los correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal debían expedirse nuevamente para ser ingresados al presupuesto de la siguiente bienalidad antes de realizarse la contratación”, indicó el Ministerio Público en su auto de cargos.
“Por ende, todo fue subsanado y sujeto a lo legal en un nuevo proceso. Sin embargo, la Procuraduría, siempre persiguiéndome, formula los cargos por el contrato inicial que nunca vio la luz”, afirmó Dau.
El exalcalde cartagenero expuso que el área jurídica de la Secretaría de Educación, al intentar tramitar el proceso, se dio cuenta del error al proyectar la disponibilidad presupuestal con dineros de regalías del corte bianual de 2021 y 2022, pero que se invertirían y se ejecutarían en 2023, “por lo que de inmediato se paralizó el proceso, no se movió ningún lápiz hasta corregirse el error y se generó un nuevo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)”, indicó Dau.
“Luego de subsanarse el proceso por la Oficina Jurídica y la Unidad Administrativa de Contratación se esperó hasta marzo de 2023 para generar el nuevo CDP; no obstante, la posición de la Procuraduría es ignorar esta nueva actuación y quedarse con el primer proceso que nunca se realizó. Nunca hubo detrimento patrimonial ni se perdió un solo peso del erario, pues estos recursos estaban garantizados y aprobados por regalías, o sea tenían su destinación específica, tenían como nombre y apellido que serían invertidos en el colegio. Esa plata estaba apartada, independientemente si el CDP se hizo en enero o si se hizo en marzo”, precisó el exalcalde con respecto a lo que hizo su administración.
“Todo es un ataque de Cabello y del uribismo”
Según Dau, tras invalidarse todo al descubrir el error, ahora “no entiende por qué la Procuraduría impulsa una narrativa en la que él lideró un ‘chanchullo’ por 17 mil millones”.
“Todo es alejado de la realidad. Pero entiendo, esto es solo un coletazo de mi pelea a muerte con la Procuraduría y los entes de control por haberles dicho que son la espina dorsal de la corrupción. Ellos no hacen un culo y se les volvió un deporte el abrirme investigaciones por decirles de frente que no hacen nada”, expresó el exalcalde.
Y disparó: “Hace unos meses me sancionaron con la suspensión de mi cargo por cuatro meses por decirle ‘nido de ratas’ a la Universidad de Cartagena; ahí sí se mueven, contra mí, pero no han movido un dedo contra todos los casos de corrupción que denuncié en el Libro Blanco. Esto es falta de objetividad, es una persecución política de Margarita Cabello (procuradora) y de sus secuaces del uribismo en general”.
La Procuraduría, además de los cargos presentados al exmandatario Dau Chamat, también formuló pliego de cargos a seis funcionarios de su administración. Según el ente, estas personas se relacionan con la supuesta violación de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa. Estas faltas han sido calificadas provisionalmente como gravísimas, a título de Dolo.
Sin embargo, el Ministerio Público, en el mismo documento, archivó todo proceso o investigación contra Ligia Andrade Bustillo, Jhon Jairo Rodríguez y Lili María Silva Gómez.
