La decisión de imponer a Yamil Arana, gobernador de Bolívar, el arresto penitenciario, no es un tema de ayer. El Juzgado Tercero Penal Municipal de Cartagena lleva en el caso 14 años.
La denuncia contra la Gobernación de Bolívar, o quién esté a cargo; en este caso el gobernador Yamil Arana, se remonta a hace 14 años y se debe la presunta violación a los derechos fundamentales al Mínimo vital, Debido Proceso, Igualdad y Seguridad Social de Edmon Feliz Pérez, un adulto mayor de 82 años. Lea además: Diputados facultan a Arana para crear 2 nuevas secretarías y 5 direcciones
El caso ya recorrió todas las instancias de la justicia contenciosa administrativo laboral, y desde hace aproximadamente cuatro años, en el 2020, salió la última sentencia que ya se encuentra ejecutada en favor del señor Feliz para que reliquidaran su pensión, conforme lo ordena la ley, “y se le paguen retroactivos a que los que él tiene derecho”, explica su apoderado, el abogado Raúl Bustamante.
La solicitud, se ha venido haciendo desde el gobierno del ex gobernador Vicente Blel, a quién en calidad de representante de la gobernación, se le solicitó el pago y el cumplimiento de la sentencia.
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Pero esto no ha sido posible en su totalidad, por lo cual teniendo en cuenta la situación de salud del señor Feliz, quien cumple 83 años, este año, y sufre de Alzheimer y problemas cardíacos, su defensa presentó una acción de tutela para agilizar el pago ante la Gobernación de Bolívar.
Libardo Álvarez, secretario, durante la administración de Blel, dio cuenta que en septiembre de 2023 se recibió en el Despacho, por reparto de oficina de asignaciones, la acción de tutela presentada por el señor Feliz contra la Gobernación de Bolívar; a la que Manuel García, entonces director del Fondo Territorial de Pensiones, respondió que esta “no era una instancia ordinaria para obtener beneficios particulares o económicos, sino un instrumento constitucional que tiene como finalidad la protección de los derechos fundamentales”, declarándose improcedente.
El fallo fue impugnado por la defensa y esta impugnación fue concedida ante el Juzgado Penal del Circuito en turno del Distrito.
Yamil en el caso
El desacato que hoy sanciona a Yamil Arana en arresto por tres días en establecimiento penitenciario, con una multa de tres salarios mínimos a favor del Consejo Superior de la Judicatura, es una de las herencias que el exgobernador Blel le deja a Arana. Siga leyendo: Colegios públicos bilingües: el proyecto que se discute en el Concejo
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena, instó a la Gobernación de Bolívar el pasado 3 de noviembre, a cumplir con una sentencia del 8 de julio de 2019 en un plazo de 10 días hábiles, bajo la amenaza de incurrir en desacato en caso de incumplimiento.
Sanción de arresto penitenciario a Yamil by Hernán Lenes on Scribd
El juzgado señala que, hasta la fecha de redacción del documento, no se han adelantado acciones efectivas para garantizar el cumplimiento de la orden, considerando este comportamiento como negligente.
Aunque la Gobernación presentó informes alegando que dieron cumplimiento a la orden de tutela, emitiendo una resolución para actualizar el monto pensional del accionante, el accionante, a través de su apoderado judicial, sostiene que no se pronunció sobre el retroactivo dejado de percibir.
Sobre esto, el juzgado argumenta que la función del incidente es dar cumplimiento a la orden de tutela y que, aunque pueden surgir situaciones sobrevinientes, estas deben ser analizadas por el Juez Constitucional para determinar si cesó la vulneración. Lea también: La millonaria suma que Mineduación va a girar para la educación en Bolívar
Es así que se aborda el elemento subjetivo, indicando que la Gobernación, en cabeza de Arana Padaui, fue debidamente notificada pero no dio cumplimiento a la orden del juzgado, imponiendo una sanción por desacato.
Ahora, esta sanción se va en grado de consulta para ver qué decide la segunda instancia. Este sería un proceso jurídicamente ‘automático’.
La decisión tendría que ser revisada por el superior jerárquico para que confirme la situación, y disponga si lo considera pertinente, o si cree que el gobernador cumple; si es así, entonces le levantarían la sanción.