El reciente fallo de la Corte Constitucional, que anuló la ley que estableció el Ministerio de la Igualdad y Equidad en Colombia, ha puesto en jaque a uno de los proyectos insignia del gobierno de Gustavo Petro, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez.
La decisión de la Corte no tiene efecto inmediato, permitiendo que el Ministerio continúe operando hasta junio de 2026. Sin embargo, la situación plantea un desafío significativo para el gobierno, que ahora debe explorar opciones para preservar esta entidad. Le puede interesar: Corte Constitucional tumba ley que creó el Ministerio de la Igualdad
Una de las principales vías que el gobierno podría seguir es la presentación de una nueva ley en el Congreso que corrija los defectos identificados, específicamente la falta de un informe de impacto fiscal que justifique su creación dentro del presupuesto nacional. Esta nueva legislación debería superar cuatro debates antes de la fecha límite del 20 de junio de 2026, un reto no menor dado el actual clima de tensión entre el gobierno y el Congreso.
Alternativamente, el gobierno podría optar por redistribuir las funciones del Ministerio de Igualdad a otras entidades gubernamentales existentes, una solución que podría ser más factible ante la dificultad de aprobar nueva legislación.
El Ministerio de la Igualdad ha sido objeto de críticas por su baja ejecución presupuestaria, que apenas alcanzaba el 0.36% a principios de mayo de 2024. Durante un reciente debate de control político, la vicepresidenta Márquez defendió la gestión del Ministerio argumentando los desafíos inherentes a la creación de una nueva institución desde cero. Según Márquez, este proceso histórico requiere tiempo y esfuerzo, destacando que no se había creado un ministerio de esta naturaleza en el último siglo en Colombia. Siga aquí: Claudia López se defiende de investigación: “es un montaje de Vicky Dávila”
El fallo de la Corte es visto por muchos como una victoria para la oposición, particularmente para las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, y otros miembros del Centro Democrático, quienes fueron los principales demandantes en este caso.
El Ministerio ha sido tildado por algunos críticos como una extensión burocrática innecesaria, con gran parte de su presupuesto destinado a salarios en lugar de a programas efectivos.