El Centro Democrático, a través de su Director Nacional, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, ha anunciado que presentará una acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley de la Reforma Pensional.
El partido argumenta que la ley fue aprobada con graves vicios de procedimiento en su trámite legislativo y pone en riesgo las pensiones de los colombianos y la sostenibilidad fiscal del país. Lea aquí: ABC de la pensional de Petro que se sanciona este martes en la Plaza de Bolívar
Vallejo Chujfi explicó que la aprobación de la ley se dio sin la adecuada deliberación en el Congreso, violando el debido proceso legislativo. “La ley fue aprobada de manera ligera, irresponsable y sin el necesario debate democrático,” declaró. Entre las irregularidades destacadas, se menciona que numerosos artículos fueron votados en bloque sin discusión alguna, excluyendo la participación de todos los miembros del Congreso, incluyendo los representantes de la oposición.
El partido sostiene que la adopción del texto del Senado por parte de la Cámara de Representantes se realizó mediante una proposición que no fue debidamente discutida, violando el principio de deliberación democrática y afectando la transparencia del proceso. “La falta de un debate riguroso y amplio vulnera de manera flagrante los derechos fundamentales de millones de colombianos,” añadió Vallejo Chujfi.
Además, el Centro Democrático alerta sobre los posibles efectos irremediables que la implementación de la ley podría tener en el sistema pensional colombiano y la sostenibilidad fiscal del país. La demanda solicita medidas excepcionales para suspender provisionalmente la ley, evitando así daños mayores hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad.
“El objetivo de esta acción es garantizar que cualquier reforma pensional se realice en un marco de transparencia, deliberación democrática y respeto a los derechos fundamentales,” afirmó Vallejo Chujfi.
La demanda será presentada ante la Corte Constitucional en los próximos días, y se espera que esta tome medidas para evaluar los argumentos presentados y decidir sobre la validez de la Ley de la Reforma Pensional.