El presidente Gustavo Petro se ha manifestado en defensa del exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, tras la reciente sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación. La entidad declaró a Dau Chamatt y al exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Álvaro José Fortich Rebollo, responsables disciplinariamente por presuntas irregularidades en la adquisición de diez mil pruebas rápidas para el diagnóstico del COVID-19 durante el año 2020.
La Procuraduría ha sancionado a William Dau Chamatt con destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas durante nueve años. El fallo en primera instancia sostiene que Dau Chamatt, en su rol de alcalde, permitió la contratación con la empresa Ventas, Distribución y Marketing Ltda., la cual no tenía la capacidad de suministrar las pruebas requeridas, resultando en el incumplimiento del contrato. Lea aquí: Procuraduría inhabilita a Dau por 9 años por sobrecostos en pruebas COVID-19
Te puede interesar:
Los Char apoyarán la candidatura a la Presidencia de Abelardo De la Espriella
El presidente Gustavo Petro se opuso vehementemente a la sanción y expresó su desacuerdo a través de sus redes sociales: “La Procuraduría no puede inhabilitar a William Dau, necesitamos justicia. Colombia no es una dictadura, vamos a la construcción de una democracia real con estado social de derecho pleno”.
Defensa continuada de Petro a Dau
No es la primera vez que Petro sale en defensa de Dau. En una ocasión anterior, el 16 de julio de 2024, Petro también apoyó al exalcalde tras la confirmación de una sanción de suspensión e inhabilidad por cuatro meses, impuesta por la Procuraduría debido a declaraciones irrespetuosas de Dau hacia directivos de la Universidad de Cartagena durante el proceso de selección del Contralor Distrital en 2020.
Antecedentes del Caso Dau COVID-19
El 29 de abril de 2020, la Procuraduría inició una indagación preliminar sobre las irregularidades en la adquisición de las pruebas rápidas de COVID-19. Según el organismo de control, la empresa contratada no contaba con la disponibilidad necesaria de pruebas y no estaba habilitada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para su comercialización. Además, los precios unitarios de los kits ofrecidos eran superiores en comparación con otros laboratorios acreditados.
El valor estimado de la contratación se fijó en setecientos veinticinco millones de pesos ($725.000.000) incluido IVA. Respecto al soporte técnico y económico del valor estimado, se incluyó a la Dirección de Sanidad del Ejército, el dispensario médico sur occidente “Héroes de Rocame Hijos del Estado Colombiano”, Seins S.A.S., y Mercado Libre.
Las cotizaciones abarcaron varios elementos, incluyendo insumos médicos que no formaban parte del Contrato No. 08 de abril 8 de 2020. Particularmente, para el ítem “Kit de pruebas de laboratorio”, solo se presentó la cotización de Rocamed Hijos, con un valor unitario de ochenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos ($89.250).
Según la Procuraduría, la alcaldía de Cartagena no solicitó cotizaciones a otras empresas para adquirir las pruebas rápidas para el diagnóstico del COVID-19. En los documentos del proceso no hay constancia de las empresas a las que se les pidió cotización para realizar el análisis del sector.
Néstor José Monterrosa, jefe de la oficina jurídica de la Alcaldía de Cartagena, afirmó que las cotizaciones dentro del proceso contractual fueron de Hijos y Roca Ltda., y Ventas, Distribución y Marketing Ltda., correspondientes a otro proceso contractual (contrato No. 007 de 2020), según los documentos allegados.