En un esfuerzo por fomentar una cultura de paz y respeto por los derechos humanos, el Congreso de la República estudia una ley que adiciona la Ley 1801 de 2016, prohibiendo la comercialización, distribución, uso y porte de símbolos, propaganda, indumentaria y material audiovisual que exalten la imagen de personas condenadas por la comisión de delitos, según el Código Penal.
La nueva normativa busca contribuir al fortalecimiento de la convivencia pacífica y la reconciliación en el país, garantizando a su vez el respeto por el derecho de las víctimas. La prohibición no se aplicará a productos, símbolos, indumentaria, libros y material audiovisual que se utilicen con fines pedagógicos, de investigación, enseñanza, reparación simbólica o como obras de arte con intención crítica.
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Además, la ley establece que esta prohibición no afectará la propaganda electoral de personas condenadas que hayan cumplido su pena y estén habilitadas para ser elegidas en comicios electorales.
Para asegurar una implementación efectiva de la ley, se ha estipulado que, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigencia, los municipios, en conjunto con la Policía Nacional, desarrollarán un programa de socialización, difusión y sensibilización sobre las medidas adoptadas. Durante este periodo, no se aplicarán las sanciones relacionadas con la nueva normativa. Siga leyendo: Dumek Turbay, optimista tras reunión con el ministro Luis Carlos Reyes
Por otro lado, las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se abstendrán de registrar nombres comerciales y marcas que pretendan la distribución, venta y promoción de productos que utilicen imágenes, nombres o símbolos relacionados con personas condenadas por delitos graves como el narcotráfico, violación y crímenes de lesa humanidad.
En paralelo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en colaboración con víctimas, asociaciones de víctimas y poblaciones vulnerables, diseñarán e implementarán planes, programas y proyectos para la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado y del narcotráfico, resignificación de espacios afectados por atentados terroristas, y emprendimientos turísticos que resalten la identidad cultural del país.
El Gobierno Nacional ha indicado que podrá realizar las apropiaciones presupuestales necesarias para financiar estos planes, programas y proyectos dentro del marco fiscal de mediano plazo.
El representante a la Cámara, Juan Sebastián Gómez, uno de los autores del proyecto, le explicó a El Universal la intención detrás de esta ley: “Este proyecto de ley es un proyecto de ley que, sobre todo, lo que pretendemos es generar una gran reflexión sobre lo que somos como país y lo que queremos ser. Se nos volvió paisaje y se nos volvió parte casi de nuestra cultura temas relacionados con la cultura mafiosa, que replicamos día a día, vendiendo incluso souvenirs de personas que han cometido delitos de lesa humanidad, narcotraficantes, personas que han hecho tanto daño a este país”.
Gómez continuó: “Esas prácticas, esa escuela de dinero fácil, ese ‘todo vale’, y el comprar a todo el mundo le ha hecho tanto daño a nuestro país. Es por eso que planteamos un proyecto de ley que restringe la exposición de este tipo de elementos con fines comerciales, no con fines históricos. Pero lo que más pretendemos es generar una gran reflexión. Este proyecto irá avanzando al punto de ponernos de acuerdo sobre si series de televisión y otros productos que a veces glorifican a personajes nefastos también deben desaparecer en nuestro país. Esta discusión ya la vio Alemania, Italia, Chile y ahora la está dando México. Nos parece muy importante dejar de replicar esa cultura mafiosa a través de la música, los souvenirs y nuestra forma de celebrar. Por eso hemos presentado un proyecto de ley que nos invita a reflexionar como país.”