La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra Helman Eliecer Soto Martínez, secretario General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), debido a presuntas irregularidades en el contrato relacionado con la construcción del canal denominado “Calle Colombia” en el municipio de San Estanislao de Kostka, Bolívar.
La investigación, dirigida por la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, se centra en la posible falta de planeación durante la ejecución del proyecto, que habría resultado en problemas de linderos con los propietarios de viviendas ubicadas a lo largo de la orilla del canal. Lea aquí: Advierten posibles retrasos en el megaproyecto del canal del Dique
Según las denuncias, varios propietarios se percataron de que sus patios se cruzarían con el trazado inicial del canal, lo que provocó no solo retrasos significativos en la obra, sino también la invasión de varios predios, una situación que, al parecer, no fue prevista ni gestionada adecuadamente por el funcionario.
Además, la Procuraduría indaga si Soto Martínez, quien tuvo participación activa en la etapa precontractual del proyecto, omitió coordinar de manera eficaz con las entidades territoriales los aspectos clave relacionados con los lugares y tiempos destinados a la ejecución de las obras.
La falta de esta coordinación podría haber contribuido directamente a los inconvenientes y retrasos experimentados durante la construcción del canal.
Con esta investigación, el Ministerio Público pretende verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si las acciones o inacciones de Soto Martínez constituyen una falta disciplinaria, y evaluar si el funcionario actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad, lo que podría eximirlo de sanciones.
La Procuraduría seguirá adelante con la recopilación de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y tomar una decisión justa y fundamentada.
Este caso pone de relieve la importancia de una planeación rigurosa y una adecuada coordinación entre las distintas entidades involucradas en proyectos de infraestructura pública, especialmente cuando estos tienen un impacto directo en las comunidades locales.