El Sistema General de Participación (SGP) es el mecanismo utilizado por el Gobierno Nacional para transferir recursos a los municipios, distritos y departamentos, con el fin de garantizar la atención de servicios básicos como educación, salud, agua y saneamiento.
El SGP está estipulado en la ley colombiana en los artículos 356 y 357 de la Constitución, y su distribución se basa en criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial.
En este contexto, la nación transfiere a los entes territoriales el 20% de sus ingresos. Sin embargo, actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende aumentar las transferencias a más del 46%, a partir de 2034, con incrementos anuales del 2.5%. Puede leer: Reforma al SGP cambia rumbo: Gobierno cede en algunos puntos
Esta reforma ha generado críticas tanto del ministro de Hacienda como de expertos económicos, entre ellos el ex ministro de Comercio del gobierno anterior, José Manuel Restrepo Abondano, quien, a través de un mensaje en la red social X, advirtió sobre los riesgos fiscales que podría acarrear. “Hagamos las cosas en orden. Primero redefinamos las competencias que asumirán los entes territoriales, segundo tengamos claro qué entidades del Estado desaparecerán cuando eso suceda y tengamos el camino claro para eliminarlas. Luego, sí trasladamos los recursos. Pero no al contrario, hacerlo así es dejar una herencia impagable y poner en riesgo fiscal al país”, dijo Restrepo.
En la misma línea, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, expresó su apoyo a la reforma, pero con matices. “Descentralización sí, pero no así. Para el desarrollo del debate se está sugiriendo que se hagan una serie de modificaciones”, señaló en su momento el ministro.
Bonilla también sugirió cambios a los impulsores de la reforma: “Pueden aceptar el umbral planteado por la Comisión de Descentralización, que es llegar a un umbral del 37 por ciento, y diferirlo en el tiempo, entre 15 y 20 años, porque finalmente el objetivo es profundizar la descentralización. Descentralización sí, pero no así”, agregó.
Por su parte, la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, alertó sobre el posible hueco fiscal que traería la reforma. “No me parece que el mecanismo de simplemente transferir el recaudo de los colombianos a las regiones solucione el problema de centralización política que tiene el país. Lo que necesitamos es darles a las regiones tributos que ellas mismas recauden, lo que les generaría responsabilidad fiscal a mediano y largo plazo”, expresó.
Actualmente, existe un Comité Promotor del referendo que busca la autonomía fiscal de las regiones. Para los promotores, “El SGP es un modelo de recursos sin autonomía fiscal” y aseguran que los territorios siguen limitados por un sistema centralizado que restringe la inversión y el desarrollo autónomo.
Para el Comité Promotor del referendo, la propuesta estructural y definitiva para otorgar autonomía fiscal a las regiones y romper con el centralismo es a través del referendo, al crear nuevos impuestos territoriales, de manera que los entes territoriales dejen de depender de las transferencias del nivel central y asuman las competencias necesarias para un desarrollo más equitativo. A la fecha, el referendo de autonomía fiscal ha superado las 2.5 millones de firmas.
Lo que dice el presidente
A través de la red social X, el presidente expuso cinco puntos clave para argumentar su apoyo a la reforma constitucional del SGP:
1. El aumento del 26% al 46% de los ingresos corrientes de la nación que se trasladan debe ser gradual.
2. El aumento debe supeditarse a una ley de competencias para los municipios, es decir, que se transfieran competencias que antes realizaba la Nación con sus recursos, sin aumentar el déficit fiscal.
3. La fórmula de reparto en la ley de competencias debe reducir las brechas entre las regiones, privilegiando las más excluidas, para concretar la paz.
4. El aumento de competencias en salud debe cubrir todo el sistema de salud primaria en los municipios, mientras que en educación debe contemplar la educación preescolar, la jornada única y los dos años de educación superior gratuita en los colegios de media.
5. Ante el incremento sustancial del poder de los municipios, se necesita una ciudadanía más unida y organizada que convierta el salto hacia la descentralización en un avance profundo hacia la democracia local. El dinero no es para las mafias locales, es para las necesidades de la ciudadanía.
El pasado 20 de noviembre, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Acto Legislativo. Con 26 votos a favor, la Comisión permitió que el proyecto avance a octavo y último debate, buscando que el Sistema General de Participaciones (SGP) de los departamentos, distritos y municipios de Colombia represente al menos el 39% de los Ingresos Corrientes de la Nación.