La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, presentó el reporte más actualizado sobre los riesgos de violencia y electorales en el país para las elecciones de 2026, las cuales escogerá al nuevo Congreso y al Presidente de la República.
“Ahora que estamos empezando el proceso de inscripción de candidaturas el corte está el 8 de noviembre y a la fecha llevamos 215 hechos de violencia contra liderazgos políticos, 104 contra liderazgos sociales, 50 contra liderazgos comunales para un total de 369 hechos”, indicó, tras resaltar que los liderazgos políticos siguen creciendo.
Las zonas más afectadas por las alertas de riesgo electoral
Señaló que las principales zonas del país concentración de hechos de violencia están en el Cauca, Valle del Cauca, la frontera en el departamento de Antioquia, Norte de Santander y Bogotá.
“No tenemos una distribución en todas las organizaciones políticas, pero estamos viendo con preocupación que hay una concentración hacia dos organizaciones políticas: el Centro Democrático y el Partido Conservador. ¿Eso qué significa? Que se necesitan tomar unas acciones especiales para la protección de candidaturas de estos dos partidos que son de la oposición”. apuntó Barrios.
Sobre los grupos que están tras esas acciones, destacó que por ejemplo en el departamento de Arauca están las disidencias, “si estamos hablando de Montes de María con la presencia de grupos armados ilegales pertenecientes al Clan del Golfo o grupos paramilitares, y hay una mayor presión hacia los partidos de Colombia Humana o de la UP”.
Barrios sostuvo que se tuvo en cuenta todo tipo de información relativa a hechos de violencia que puedan afectar el proceso electoral frente a organizaciones políticas.
“La MOE hace seguimiento a las denuncias que hayan sido presentadas, en algunos casos frente a la Fiscalía General o que sean unos hechos notorios cubiertos por medios de comunicación, por la Defensoría del Pueblo o por alguna institución del Gobierno. Si esta información no se pone en conocimiento de la Fiscalía General y si no se lleva también por parte de las organizaciones políticas a las comisiones de seguimiento electoral no van a ser adecuadas ni suficientes las medidas de protección que se adopten”.
Precisó que estos hechos de violencia podrían estar generando un riesgo para la distribución de puestos, de mesas que tengan que ser cambiada por temas de seguridad en el caso de las elecciones de Congreso y de Presidencia.
“Es la presencia de los grupos armados ilegales en los territorios y la forma como se relacionan con las elecciones lo que puede poner en riesgo que se mantengan determinadas mesas en las zonas rurales”, advirtió la experta.