Política


Abogados penalistas del Caribe, contra decreto de excarcelación

Los juristas alegan que este decreto no beneficia a la población carcelaria más vulnerable. Conozca cuáles son sus argumentos.

REDACCIÓN POLÍTICA

22 de abril de 2020 12:00 AM

El Gobierno nacional emitió el 14 de abril el Decreto 546, referido a la excarcelación masiva en todo el país, como una medida para garantizar los derechos de los reos. Sin embargo, el Colegio de Abogados Penalistas del Caribe (CAPEC), cree que dicho decreto se hizo de manera apresurada y que no sería beneficioso para la población carcelaria.

Los juristas rechazan este decreto, indicando que con el nombre de “excarcelación masiva” se generó una expectativa a los internos de las diferentes cárceles del país y a sus familiares, en el sentido de proteger la vida de los más vulnerables frente a la pandemia. Dicen que la expectativa se frustró en la mayoría de los miembros de la población carcelaria. A su modo de ver, con el decreto se les negó la posibilidad cambiar transitoriamente su encierro intramural por detenciones y prisiones domiciliarias, y que esto habría podido impactar el terrible hacinamiento carcelario que genera inminente peligro para sus vidas.

“El Decreto 546 de abril de 2020, en lugar de proteger la vida de los internos, se ha convertido en un instrumento más de represión y violencia humanitaria, debido a que endureció las prohibiciones y exclusiones existentes en el ordenamiento jurídico-penal para acceder a la detención domiciliaria, al extremo de adicionar prohibiciones y exclusiones no contempladas en la legislación penal existente antes de dicho decreto. (Lea: A qué presos beneficiará el decreto en Cartagena)

“El Gobierno nacional, antes que atender razones humanitarias, teniendo en cuenta el estado de inconstitucionalidad que existe en las cárceles del país, escuchó voces peligrosistas ya superadas en el mundo moderno, y de mal recibo para el crucial, crítico y apremiante momento a que estamos avocados en el Colegio de Abogados Penalistas del Caribe ante la espantosa tragedia de la pandemia del COVID-19, que no solo amenaza, sino que ya ha cobrado vidas en una de las cárceles de Colombia”, indican los penalistas.

De igual forma, el Colegio de Abogados señala que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de todas las personas privadas de la libertad, independiente de los delitos por los que estén acusadas o condenadas, y que ven en un riesgo inminente la vida de estas personas, por el número de internos recluidos en cada espacio de las cárceles, y que esto contraviene con las reglas dadas por el Gobierno nacional para evitar la propagación del virus.

“Declaramos que en un estado social y democrático de derecho, solidario y fundado en la dignidad humana, nadie, y menos los abogados penalistas, puede tener una mirada indolente ante el riesgo real e inminente que están corriendo todos esos seres humanos recluidos en las cárceles bajo la responsabilidad del Estado.

“Por ello, nuestro llamado y clamor es que se emita y adopte una verdadera medida humanitaria que permita impactar significativamente el hacinamiento carcelario, sin más consideraciones que las humanitarias. El país y la humanidad así lo reclaman y exigen”, expresaron los abogados. De forma concreta, lo que piden es que se le conceda la detención o prisión domiciliaria a todos aquellos reclusos que están en condiciones de vulnerabilidad (que son de tercera edad o que están enfermos), y que por ello corren mayor riesgo ante la pandemia.