El vicecontralor de la República, Carlos Mario Zuluaga, anunció este jueves acciones futuras en caso de que la empresa Thomas Greg & Sons, que participó en la licitación de la Cancillería para la elaboración de pasaportes, gane la demanda contra el Estado.
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Esa compañía reclama una indemnización por $117.000 millones después de que no prosperara la audiencia de conciliación con la Cancillería ante una delegada de la Procuraduría.
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Esta posible futura decisión afectaría a varios funcionarios de la Cancillería que estuvieron involucrados en la licitación: desde el comité de conciliación, los abogados de la entidad y hasta la cabeza de esa entidad, Álvaro Leyva Durán.
Este lío en el que está metido el Ministerio de Relaciones Exteriores inició desde que Leyva declaró desierta la licitación para la fabricación de los pasaportes –documento de identificación en el exterior– a pesar de que Thomas Greg tenía todo para ser la ganadora, pero resultó siendo la única oferente.
A esto se le sumó la renuncia de la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, luego de que renunciara a ese cargo tras hacer público que Leyva la gritó por la postura legal que tenía para la conciliación con esa compañía.
Ante este litigio que enfrenta la Cancillería, esa entidad contrató al abogado Ernesto Matallana para que asuma su defensa legal. Aunque el abogado muestra un cambio de posición respecto al proceso de contratación, puesto que cuando fueron reveladas las acusaciones de maltrato del canciller a Martha Lucía Zamora, Matallana respaldó la postura legal asumida por su colega.
“Comparto su criterio en cuanto a que cuando el único proponente cumple con todos los requisitos debe ser el adjudicatario del contrato”, escribió el abogado en ese entonces.