Ante amenazas medioambientales como el hundimiento de la ciudad e inundaciones, según estudios, la Protección Costera es uno de los macroproyectos más ambiciosos del Distrito para neutralizar los embates del cambio climático. Pero una de sus aristas fue eje de una plenaria en el Concejo.

En su solicitud, instó a Janer Galván, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (Datt), al representante legal del consorcio Proplayas, a la oficina de Valorización Distrital, a los miembros del Comité Técnico de Patrimonio, al Ministerio de Cultura, a la oficina Nacional de Gestión de Riesgo para que rindan un informe con las diferentes alternativas que proponen para el transporte de los materiales desde la cantera ubicada en Turbaco hasta barrios tan distantes como Bocagrande.

“Una de las obras que realizará el Distrito para combatir el cambio climático, y que son tan necesarias en la ciudad, son las obras de protección costera, pero para ello necesitamos que se firmen unos compromisos serios y se verifiquen los recorridos planteados, los horarios, los planes de contingencia con las instituciones educativas, hospitales y vecinos de estos sectores. Así mismo, queremos que se firmen compromisos para el mantenimiento de las vías una vez se deterioren por parte de los contratistas de este proyecto de protección costera”. Expresó Niño Mendoza.

Incertidumbre por el patrimonio sumergido

Niño aprovechó su intervención para reseñar que hay dudas sobre el cuidado del patrimonio sumergido en esta intervención, pues existen dos escolleras que deben ser protegidas; la escollera de la marina, ubicada entre los baluartes de Santo Domingo y Santa Catalina, la cual tiene un largo de 1.354 metros, y la escollera de Bocagrande que inicia en el Laguito y termina en Tierra Bomba.

Por ello se requiere que los miembros del Comité Técnico de Patrimonio y el Ministerio de Cultura entreguen recomendaciones a los contratistas para que se definan unos lineamientos con el fin de salvaguardar este patrimonio, de acuerdo a la ley nacional que establece los mecanismos para protegerlos.