La audiencia pública al proyecto de acuerdo para que la administración distrital realice una operación conexa de crédito público, en especial la modificación a través de un otrosí al contrato de encargo fiduciario, requerirá de más estudio.
La petición de la ampliación del contrato N° 1469 que contempla el recaudo, la administración, la garantía y la fuente de pagos a contratistas, presentado ante el Concejo de Cartagena, tuvo ayer una audiencia sin participantes inscritos en representación de la ciudadanía.
Este proyecto es uno de los objetivos principales de la administración del alcalde Dionisio Vélez, motivo por el cual el Distrito convocó a las sesiones extraordinarias de la Corporación.
En su exposición del proyecto, el secretario de Hacienda del Distrito, Carlos Granadillo, defendió que es necesario que el Concejo, “autorice la celebración de una adición contractual (otrosí) al encargo fiduciario 1469, suscrito con Fiduciaria La Previsora S.A. el cual es requisito previo para obtener el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para poder realizar la operación conexa de un crédito”.
En el proyecto, el Distrito le solicita con “trámite de urgencia” al Concejo aprobar la iniciativa antes del 31 de enero, para blindar a la Administración de un colapso por la falta de pagos a contratistas, el recaudo de impuesto entre otras acreencias.
El segundo vicepresidente del Concejo, Boris Anaya, dijo que “en mi caso he puesto a todo mi equipo jurídico a revisar los aspectos legales del proyecto, porque creo que debemos revisar punto por punto sus componentes; además pienso que ante la poca intervención de personas conocedoras del tema en la audiencia, se hará necesario una segunda audiencia pública”.
Anaya considera que “es un proyecto necesario pero nuestra responsabilidad es cumplir todas las etapas en su estudio de legalidad”.
Las críticas
Pero quien sí criticó el proyecto fue el primer vicepresidente del Concejo, César Pión. “Hay muchas cosas que el Distrito debe corregir para no hacernos caer en faltas normativas, y debemos abstenernos de aprobar un proyecto con imprecisiones”, dijo el concejal.
“Los otrosí que se pidieron en años anteriores estaban fundamentados, o sea tenían una base. La Administración debe especificarnos cuáles son las cuantías y el tiempo en que se realizarán. No es ninguna excusa desconocer la situación de los recursos públicos, porque la Ley 951 de 2005 es clara en decir que un funcionario del Estado, tiene un mes para recibir la información y quince días para responder”, añadió el concejal de la U.