La Fiscalía General de la Nación investiga presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato por un valor cercano a los 8000 millones de pesos, suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación Prociencia.
De acuerdo a la investigación, con el mencionado contrato se buscaba prestar atención integral a 3744 beneficiarios, entre niños y niñas de cero a cinco años y madres gestantes y lactantes, en diez municipios del departamento de Bolívar.
El ente investigador estableció la presunta apropiación de recursos de dicho contrato en cuantía de 1500 millones de pesos, mediante el cobro al ICBF de refrigerios y complementos nutricionales que nunca fueron entregados. Tras la indagación, la Fiscalía General de la Nación detectó sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato, mediante la falsificación de facturas, entre otras irregularidades.
Igualmente, la entidad determinó que la actual tesorera de la fundación Prociencia, y su familia crearon tres empresas proveedoras fachada que funcionaban en el mismo lugar de la residencia de la funcionaria en mención. Estas vendieron con presuntos sobrecostos y mediante la falsificación de facturas, refrigerios y complementos nutricionales a la fundación que posteriormente fueran cobrados al ICBF.
La Fiscalía investiga a cinco personas por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento privado.