Que hablen los diccionarios. “Se define como nepotismo a toda decisión o actuación de un funcionario para favorecer a un familiar o allegado en el otorgamiento de empleos, sin tomar en cuenta los méritos que las demás personas tengan. Según expertos, esta es una dinámica negativa y, en muchos casos, corrupta”.
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A escasas semanas de que termine la era de William Dau Chamat en la Alcaldía de Cartagena, una controversia se cuece hace días por cuenta de las presuntas irregularidades en más de 70 nombramientos en cargos provisionales en la Secretaría de Educación y en la Dirección de Talento Humano; aunque algunas voces hablan de que se nombraron personas en otras dependencias y que superan los 100.
Esta “feria de nombramientos exprés para dejar ‘atornillados’ funcionarios en posiciones importantes para la administración entrante de Dumek Turbay” ha sido ampliamente criticada, y la polémica crece a diario con nuevos hallazgos.
No obstante, desde el Distrito, a través de María Eugenia García Montes, directora de Talento Humano, aseguraron que los nombramientos fueron legales y son necesarias para el cumplimiento de las metas de un Plan de Desarrollo en las últimas. Precisaron que las vacantes existían, pues fueron creadas dentro de la política de fortalecimiento del empleo público en Colombia; que había la plata para costearlas y que, a falta de encargos y de concursos públicos que llenen estos cargos con empleados de carrera administrativa, los nombramientos son regulares.
La Procuraduría entra en escena
Dichas críticas encontraron asidero en Bogotá, pues la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra María Eugenia García Montes, directora de Talento Humano, por presuntas irregularidades en los nombramientos de provisionalidad, así como en modificaciones implementadas al manual de funciones de la dependencia.
Entre las decenas de nombramientos está su sobrina Jessika María García Ruiz, quien fue sido vinculada al Despacho del alcalde. Según denuncias sin confirmar, otros parientes o allegados de María Eugenia García estarían en la lista de beneficiados, en su mayoría contratistas por OPS, en cargos con sueldos de más de 7 millones de pesos mensuales.
Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena investigará si las condiciones en las que se habrían realizado los nombramientos y las modificaciones a los documentos se ejecutaron de acuerdo con las normas establecidas para cada caso.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Alcaldía de Cartagena copia de los manuales donde están consignadas las funciones tanto de la Oficina de Talento Humano como de la jefatura de esa dependencia.
Por su parte, Dumek Turbay, luego de posesionarse el próximo 1 de enero, no podrá sacar a estos funcionarios de buenas a primeras, pues gozan con los derechos de estabilidad laboral de los empleados de carrera administrativa, quienes solo pueden ser retirados por edad, pensión, muerte, sanción o que el cargo sea ganado por alguien en un concurso de méritos, por lo que tendrá que demandar los actos administrativos y demostrar si hubo alguna ilegalidad.
Abogados especialistas en derecho administrativo afirman que no existe una norma que limite el ejercicio de nominación de los alcaldes en los últimos días de su periodo, pues el ejercicio de las funciones administrativas de William Dau van hasta el 31 de diciembre de 2023, siempre que respete la legalidad.
Sin embargo, los juristas dejan entrever que estos nombramientos no se ven bien a poco tiempo de que entre un nuevo gobierno al Palacio de la Aduana, dado que las plantas de personal normalmente se reestructuran al inicio de los periodos para ajustarlas a los planes de desarrollo y a los instrumentos de planeación, como los planes de ordenamiento territorial, garantizando así su gestión y ejecución durante ese periodo”.
Y, frente a los que algunos en la ciudad argumentan sobre que estas son prácticas “rutinarias y tradicionales” en la política, uno de los abogados consultados, quien prefirió reserva de su identidad por un eventual conflicto de intereses, sostuvo que “este tipo de actuaciones se pueden ver como ‘raspar el caldero’ a pocos días que termina la gestión de una administración que se vendió como transparente, diferente y anticorrupción”. El balón está en el techo de la Procuraduría.
Cabe recordar que ayer en la mañana, Patricia Álvarez Villero, una exempleada provisional de la Alcaldía, de 59 años, se encadenó en los bajos del Palacio de La Aduana para exigir su reintegro a la planta del Distrito.
‘Pachita’ habría sido desvinculada, al parecer, sin tener en cuenta que padece una enfermedad. De acuerdo con la afectada, ella presentó una acción de tutela que ganó en diciembre de 2020, posteriormente interpuso un incidente de desacato y la respuesta de la Alcaldía, en cabeza de María Eugenia García Montes, habría sido que “cuando tengan el espacio la ubicamos”.
“Es decir, vamos para tres años y no encuentran espacio. Tengo 59 años, vivo en el barrio Boston. No es justo que después de haber laborado casi 30 años en una entidad nos boten sin tener en cuenta que hacemos parte de sindicatos, que estamos enfermos... Nos sacaron”, dijo.

Contó que debido a su enfermedad no es posible operarla porque tiene los órganos comprometidos. “Yo laboraba en provisionalidad en auxiliar administrativo. Nos sacaron pese a que había donde ubicarnos. Recientemente, María Eugenia nombró a 70 personas en provisionalidad y a mí me desvincularon en 2021”, agregó.
Al respecto, el Distrito indicó que en diciembre de 2021, la titular del cargo regresó al empleo, razón por la cual se dio por terminada la provisionalidad. Como solución, Talento Humano coordinó con la Secretaría de Participación y Desarrollo Social una OPS para Pachita hasta el próximo 31 de diciembre; sin embargo, Álvarez Villero no la aceptó. La Alcaldía, por su trámite particular con relación a su pensión, buscaba contratarla hasta fin de año y que sea la administración de Dumek Turbay la que le hiciera seguimiento a su caso laboral.
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