La plenaria del Concejo de Cartagena comenzó con la presentación de peticiones de exempleados del Distrito, algunos de ellos en situación de discapacidad, para que la corporación trate presuntas irregularidades en su desvinculación laboral.
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Sin embargo, el intríngulis de la sesión comenzó cuando el concejal Sergio Mendoza presentó una proposición para con relación a la elección del contralor distrital. De inmediato, Rodrigo Reyes y Óscar Marín, presidente del Concejo, pidieron permiso para retirarse por los impedimentos que tienen con este tema, por lo que Luder Ariza, segundo vicepresidente, asumió la presidencia de la plenaria.
Mientras la plenaria organizaba su quórum, el concejal César Pion indicó que no daba seguridad debatir este tema si la jefe de la Oficina Jurídica del Concejo no estaba presente, además, instó a todo concejal que tenga dudas sobre este proceso a que se acerque a esa dependencia cuando se vaya a hablar de la Contraloría.
Al hacer presencia Laura Valdés Bohórquez, jefe de la Oficina Jurídica de la corporación, la plenaria siguió su curso. El concejal Pion expresó: “Si bien es cierto que es conveniente discutir el tema de la Contraloría, parece que esto fuese más importante que tantos problemas graves que aquejan a la ciudad. Entonces yo, de verdad lo digo, pienso que para tomar la mejor decisión con respecto a la Contraloría necesitamos las precisiones de Jurídica”.
El concejal David Caballero, en sintonía con Pion, pidió que Valdés hiciera un resumen del proceso de elección de contralor, y así poder tener las precisiones jurídicas del caso. Sin embargo, la Mesa Directiva decidió que eso no estaba en el orden del día, algo que que al cabildante no le gustó. “Si quieren sigan entonces con la sesión, yo no voy a entrar en discusiones bizantinas”.
La proposición
El concejal Sergio Mendoza propuso elegir a un nuevo contralor distrital (e) por la pronta terminación del encargo del actual contralor, Rafael Fortich, que vence el próximo 18 de mayo. Por lo que consideró que lo más conveniente es que, antes del término del presente periodo de sesiones ordinarias, el Concejo tome esa decisión y así evitar la vacancia indefinida. “Es nuestro deber legal”, aseguró.
“Un encargo hasta que se logre elegir el contralor en propiedad. Teniendo en cuenta la normatividad y los reglamentos que rigen los periodos de este tipo de cargos de libre nombramiento y remoción. Esos términos vencen a los tres meses y luego es potestad elegir a quien ocupe el puesto en forma definitiva”, explicó el concejal Mendoza en su proposición.
Y agregó: “En ningún caso, los contralores distritales o departamentales podrán permanecer en sus cargos al vencimiento de su periodo. Por lo que después del 18 de mayo el actual contralor encargado quedaría sin funciones. En conclusión, se hace necesario el nombramiento de un contralor encargado mientras se surte la elección”.
Mendoza solicitó al secretario general del Concejo que remita esta solicitud a la Oficina de Talento Humano de la Contraloría para que esta entregue las hojas de vida de los siguientes funcionarios del nivel directivo de esa entidad: director administrativo y financiero, director técnico de Auditoría Fiscal, director técnico de Responsabilidad Fiscal y secretario general de la Contraloría.
“No sé por qué hacen las cosas tan difíciles”
Mientras se leía la proposición, el concejal Carlos Barrios pidió el uso de la palabra para presentar una interpelación, apelando a que el reglamento de la corporación se lo permitía. “Como concejal, presidente, usted me tiene que interceder el uso de la palabra porque estoy interpelando. No nos pongamos a medir fuerzas, que no es el momento”, le dijo Barrios al cabildante Luder Ariza.
El ambiente se acaloró porque Ariza recalcaba que la lectura de la proposición debía terminar antes de lo que replicaría Barrios, a lo que este respondió que desde el inicio de la sesión, Julio Morales Nassi, secretario del Concejo, no lo llamó a la lista, saltándose su nombre; y que, además, se leía la proposición sin quórum. “Si esta proposición la aprueban, lo harán de forma ilegal”, explicó Barrios.
No obstante, el presidente de la sesión, Luder Ariza, decidió que siguiera la lectura de lo propuesto por Sergio Mendoza, negando el uso de la palabra a Barrios. “No sé por qué hacen las cosas tan difíciles”, respondió el interesado en interpelar.
Ante la no concesión del uso de la palabra, el secretario prosiguió en la lectura, pero fue interrumpido varias veces por Barrios, quien solicitaba su derecho a la voz.
“¿Desde cuándo en la historia de esta entidad se le ha negado el uso de la palabra a un concejal?”, preguntó David Caballero. Sin embargo, Ariza lo desestimó pues no tenía autorizado el uso de la palabra.
“Presidente, presidente... Presidente no mida fuerzas”, recalcaba Barrios, a lo que Ariza respondía que no se trataba de un pulso sino del debido proceso.
Sergio Mendoza, ante la advertencia de Barrios de presentar una constancia por sentir que se atropellaban sus derechos como concejal, invitó a su colega a que la haga, pero que dejara terminar la lectura de la proposición.
“Esto es vergonzoso”
César Pion expresó que era vergonzoso, ante tantos problemas de Cartagena, que la plenaria haya terminado con la acalorada tensión y las discusiones entre concejales, por lo que pidió permiso para retirarse de la sesión. Lewis Montero, Wilson Toncel, Luis Cassiani, Liliana Suarez, Hernando Piña, David Caballero y Rafael Meza también se retiraron del espacio ante las inquietudes jurídicas del proceso y en apoyo a Carlos Barrios.
El concejal Meza subrayó que ante los rumores de la presunta adhesión del actual contralor (e) Rafael Castillo Fortich con una casa política y con algunos concejales prefería distanciarse del proceso. “Conmigo no cuenten más para discutir algo sobre este tema. Me retiro de la sesión; pero me pagan los honorarios de mi asistencia”.
La proposición fue retirada
El concejal Mendoza, tras la tensión, indicó: “Lo que se está haciendo es componer errores y culpas de esta corporación. Sin embargo, para mayor tranquilidad, retiro la proposición y que el documento sea enviado a todos los concejales para su estudio jurídico y así poder decidir algo que es nuestra obligación. Nuestro deber legal y quien no lo haga afrontará las consecuencias de su irresponsabilidad”.
