Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, ¿qué son y para qué sirven?

La corrupción es uno de los problemas que más agobian a Colombia, por su capacidad de afectar todas las esferas de la sociedad. Niños que estudian en aulas sin techo, hospitales que solo se quedaron en el papel y carreteras que nunca conocieron el asfalto. Esos son unos de los platillos del menú de la mala gestión de recursos públicos. (Lea: ¿Pinochet o democracia? Efectos en Colombia de la debacle de Boric)

Las entidades llamadas a combatir esas malas prácticas institucionales son los entes de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República; sin embargo, y pese a ciertas críticas sobre el presunto descontrol de estos órganos y las supuestas alianzas de estos despachos con la clase política, aún hay mucha gente que no tiene claro qué son, a qué se dedican, cuál es su poder y, lo más importante, ¿por qué les interesa tanto a ciertos políticos tener control o injerencia en ellos?

Los entes de control y el acusador

Son aquellos organismos a los que la Constitución Política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal. Los de control no están adscritos ni vinculados a las ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial). Por su parte, la Fiscalía está vinculada al poder judicial.

Contraloría General de la República: es un organismo de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal que vigila la gestión fiscal. En otras palabras, controla a las personas o entidades que manejen dineros o bienes de la Nación, bajo los principios de eficiencia, equidad, eficacia, economía y transparencia.

Según el abogado Andrés Felipe Figueroa Pérez, experto en derecho penal, disciplinario y fiscal, sus investigaciones pueden derivar en establecer las responsabilidades fiscales que conllevan a la imposición de las sanciones monetarias que correspondan y las demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal. El fin último es procurar el resarcimiento del patrimonio público que se desfalcó.

“Si en medio de sus auditorías la Contraloría hace hallazgos de presunto carácter disciplinario o penal, los traslada a la Procuraduría o a la Fiscalía, respectivamente. Además de las multas, puede suspender funcionarios, por un tiempo ilimitado, que puedan entorpecer las investigaciones. Un servidor hallado responsable puede ser separado del servicio público y tiene la imposibilidad de contratar con el Estado hasta que pague la suma del fallo de responsabilidad fiscal. Dentro del proceso pueden decretarse medidas cautelares de embargo de bienes y dineros que afectan a quienes son investigados dentro del proceso”, explicó Figueroa.

Procuraduría General de la Nación: es el ente de control que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías. La Procuraduría vigila el correcto funcionamiento de la función pública, para salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos, garantizar la protección de los derechos humanos e intervenir en representación de la sociedad para defender el patrimonio público.

En otros términos, es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten sobre los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política de 1991.

Como Policía judicial puede interponer las sanciones que considere necesarias como: la destitución e inhabilidad general que implica la desvinculación laboral del responsable y la imposibilidad de trabajar con el Estado por un tiempo determinado, y la exclusión de la carrera administrativa; la multa pecuniaria; o una amonestación escrita que se traduce en un llamado de atención formal, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida.

Fiscalía General de la Nación: es una entidad que nació en 1991 con la Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992. Ejerce control judicial con plena autonomía administrativa y presupuestal. Tiene como función el brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia. De acuerdo con el artículo 250 de la Constitución Política, se encarga de investigar los delitos, calificar los procesos y acusar ante los jueces y tribunales competentes a los presuntos infractores de la ley penal, ya sea de oficio o por denuncia.

Para impactar la corrupción y el crimen organizado solicita a jueces de control de garantías las medidas necesarias; adelanta registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones; asegura pruebas y presenta escritos de acusación ante jueces de conocimiento; y vela por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal que, eventualmente, concluirán en una medida carcelaria.

El “encanto” de controlarlas

Recientemente, muchos funcionarios de la Contraloría Distrital de Cartagena entraron en huelga por el déficit fiscal, según aseguraron, que tiene a la entidad en la quiebra. Los trabajadores clamaron por la elección de un contralor titular, por parte del Concejo, tras media década de encargos en su jefatura.

Por otro lado, resaltaron que un gran foco de problemas para la institución es la politización de la planta laboral, donde, presuntamente, se pagan favores políticos o electorales con puestos de nombramiento u OPS. En los mentideros de la ciudad esa dinámica no sorprende y se volvió parte del paisaje gubernamental.

Es por esto que muchos se cuestionan sobre el interés que tienen grupos políticos en tener injerencia en entes que deben controlarlos. Para Daniel Acosta Alean, abogado administrativista, la función disciplinaria ejercida por la Procuraduría y las labores de control fiscal desarrolladas por la Contraloría, están ligadas de manera muy estrecha con el adecuado ejercicio de la función pública y, por consiguiente, representan una forma de inspección y vigilancia para quienes tienen a su cargo el manejo de las entidades estatales.

“De este modo, es atractivo para un político o un clan electoral tener un radio de influencia sobre estos organismos y sus investigaciones. Puede decirse entonces que el atractivo para quien, ostentando un cargo público, pretenda ejercer autoridad sobre los entes de control en cuestión, consiste en ocasionar un desbalance en la separación de poderes para evitar la independencia de estas entidades que custodian el buen manejo de lo público, máxime si se tiene en cuenta que el ‘interesado’ puede verse implicado en investigaciones o sanciones”, explicó Acosta.

Pero Javier Doria, doctor en derecho y magíster en derecho público, fue más allá e indicó que el interés de grupos políticos en entidades de vigilancia, especialmente en los procesos para nombrar a contralores y procuradores, en los distintos niveles territoriales, se relaciona con garantizar la impunidad absoluta y propicia que el Estado y sus recursos se ejecuten a favor de los intereses del gobernante de turno o el clan político que controla.

“Por eso para algunos grupos políticos ha sido tradición boicotear la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, para mantener su poder corrupto inmune a auditorías, investigaciones o procesos penales. Por eso tan atractiva la injerencia en los entes de control”, concluyó Doria.