Política


Procuraduría profiere cargos contra dos exalcaldes locales de Cartagena

La investigación está relacionada con presuntas omisiones en el control de la construcción de una clínica en el barrio Pie de La Popa.

REDACCIÓN POLÍTICA

13 de octubre de 2021 05:10 PM

Por presuntas irregularidades en el control y vigilancia a la construcción de la clínica La Ermita, en el barrio Pie de la Popa, la Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra los exalcaldes menores de la Localidad Histórica y del Caribe Norte de Cartagena, Mauricio Guillermo Betancourt Cardona (2012 – 2015) y Javier Enrique Jaramillo Martínez (2016-2017).

El ente de control señaló que también profirió cargos contra Amalia Jaspe Prens, exinspectora de Policía (2017), y Xenia Gómez Bustamante, exfuncionaria de esa alcaldía local (2006-2020).

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“Al parecer, los exalcaldes locales no efectuaron las acciones de control necesarias, ya que, presuntamente, los trabajos ejecutados no se habrían ajustado a los planos presentados ni a lo aprobado en la licencia de construcción”, indicó la Procuraduría Provincial de Cartagena.

Así mismo, el Ministerio Público informó que para los trabajos no se habrían adoptado las medidas necesarias para proteger a las personas y propiedades colindantes y que esto habría causado daños en edificaciones vecinas, lo que “derivó en una orden de suspensión y demolición de las obras iniciadas”.

La Procuraduría calificó la presuntas conductas de los investigados como faltas graves a título de culpa grave.

Respecto a la indagación contra Amalia Jaspe Prens, la Procuraduría señaló que habría omitido algunas de sus funciones al no hacer efectiva la orden de demolición impartida, “con lo que presuntamente afectó sus deberes funcionales, desconociendo los principios que sirven de protección a la función pública y, por ende, su comportamiento se presenta como sustancialmente ilícito”.

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Así mismo, el ente de control indicó que Xenia Gómez Bustamante presuntamente incumplió su deber de hacer efectiva la medida de suspensión de las obras.

La Procuraduría calificó la presuntas conductas de los investigados como faltas graves a título de culpa grave.

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