En el Concejo de Cartagena se realizó un debate de control político por la sustitución de la ruta 36 de buses públicos (Simón Bolívar – San Fernando – Av. Pedro de Heredia – Centro y viceversa), también conocido como Microbús, por una ruta de Transcaribe. Fueron citados el DATT, Espacio Público y Transcaribe.
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Iniciado el orden del día, el concejal citante César Pión (La U) mencionó que la entrada en funcionamiento de Transcaribe se diseñó sin tener en cuenta factores como las rutas de buses ya existentes, estado de las vías y puentes en la ciudad, por lo que este debate es importante para conocer las afectaciones provocadas.
Inicialmente, Camilo Blanco, Gerente de Espacio Público, detalló que esta dependencia es la autoridad única de transporte masivo, ejerciendo funciones de vigilancia, control, planificación, entre otras correspondientes al SITM. Destacó que se cuenta con proyectos como el Plan Maestro de Movilidad y la ciclovía de la transversal 54, los cuales no pudieron comenzar por reducción en el presupuesto; sin embargo, se buscan alternativas que permitan desarrollarlos.
Sobre el tema del debate, aclaró que la Gerencia no participa en el procedimiento para establecer requisitos para solicitar la salida de circulación de una ruta del Transporte Público Colectivo (TPC) con ocasión de la entrada en operación del SITM, tampoco participa en el procedimiento para revocar la habilitación de las rutas e hizo saber que Transcaribe no solicita la salida de una ruta del TPC sino un comité del Fondo Unificado de Desintegración y Operadores (FUDO).
También expresó que no participa en el procedimiento para la salida de circulación de una ruta del TPC con ocasión en la entrada en circulación del SITM y que el FUDO no posee recursos suficientes para proceder con la desintegración de nuevas rutas. Agregó que en el 2018 Transcaribe pidió la salida de la ruta 36 y no han recibido quejas por la prestación del servicio de la ruta de Transcaribe que sustituyó la del TPC.
Habla Transcaribe
Por su parte, el Gerente (e) de Transcaribe, Mauricio Hernández Delgado, explicó que para cancelar las rutas del TPC, debe revocarse el Decreto que el Distrito expidió dando permiso para su circulación y que Transcaribe no puede solicitar la salida de circulación de las rutas del TPC. Indicó que en noviembre de 2017 se solicitó al alcalde impartir al DATT la cancelación de la ruta 36, por lo que este procedió a censar los buses de la ruta, identificando a 34.
Posteriormente, en el comité FUDO quedó registrado el censo de los 34 vehículos valorizándolos por un total de $3.140 millones. De estos, 4 vehículos ya habían sido vinculados al proceso de compensación con Sotramac, por lo que se sacaron del censo, quedando 30 vehículos valorizados en $2.944 millones. En esta nueva lista, 16 vehículos fueron encontrados no aptos, quedando 11 vehículos.
Hernández detalló que la chatarrización en el 2018 no se pudo realizar debido a unas medidas cautelares interpuestas por los representantes de la ruta 36 y que no se conoce en qué se gastó el dinero para dicha chatarrización, ya que los recursos por $1.831 millones para la actividad, fueron solicitados por la fiducia en el 2019 sin detallar en qué serían gastados. El total del fondo de desintegración era por $24.241 millones
La postura del DATT
El director del DATT, Janer Galván, explicó que esa dependencia no tiene competencias para habilitar o revocar rutas de transporte y que esta facultad está en cabeza del alcalde Mayor. Aclaró que el Decreto 855 de 2015 revocó los Decretos que permitían la circulación de las rutas de transporte a Coointracar, especialmente la ruta 36 debido a la condición suspensiva de la entrada en operación de Transcaribe.
A pesar de que la empresa Coointracar presentó recursos de reposición, el decreto del 2015 fue confirmado por el decreto 0100 de 2016 por lo que, por instrucción de la Alcaldía, el DATT en enero de 2018 comunicó a la empresa transportadora que la ruta 36 no podía circular, dejando claro que el DATT nunca surtió algún trámite para la cancelación de dicha ruta. A pesar de esto, la ruta 36 siguió en circulación por disposición de la Alcaldía hasta enero de 2022 mientras Transcaribe garantizara la prestación del servicio.
Luego, el concejal César Pión, del partido de la U, expresó su preocupación porque el DATT toma funciones que no le corresponden en la ordenación de cancelación de rutas y también sobre el desconocimiento de en que se ejecutaron los recursos que eran para chatarrización. De igual forma cuestionó que Espacio Público no tenga lugar dentro del FUDO para poder ejercer control.
Por otro lado, mostró una tarjeta de funcionamiento de una buseta de la ruta microbús para junio del año 2022, lo cual demostraría que sí están en funcionamiento a pesar de estar suspendida su circulación desde enero del presente año.
Opiniones ciudadanas
A su turno, los ciudadanos asistentes se pronunciaron con relación al tema. Marlon Solís, gerente de Coointracar, informó que se tomarán las acciones necesarias para cobrar los perjuicios que ha provocado la Alcaldía y agregó que, a pesar de que el Gobierno Nacional extendiera 4 años más la vida útil de los vehículos de transporte público, el gerente del DATT, mediante Resolución, dejó fuera de servicio a los buses de la ruta 36. Agregó que en el comité del FUDO, Transcaribe debía expresar si tenía los buses para cubrir la ruta 36 y los recursos para chatarrización; sin embargo, no se hizo.
Marlon Solís también expresó que los funcionarios no tienen conocimiento de la normatividad para la salida de circulación de rutas de TPC y la entrada de Transcaribe. Recalcó que solo es el alcalde mayor quien puede tomar la decisión de sacar las rutas de circulación, no el DATT.
Por su parte, los ciudadanos Carlos Acevedo, Amira Rodríguez, Abel Arráez y Yaneth García expresaron su inconformismo con el servicio de Transcaribe, pues no garantiza su uso en horas tempranas del día, como sí hacía el microbús. A su vez, el servicio es exclusivo con la población más empobrecida de Cartagena, teniendo en cuenta el alto valor de su pasaje.
El concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) resaltó que Transcaribe beneficia económicamente a un sector de la ciudad y perjudica a la clase más baja, y que no tienen en cuenta las necesidades de movilidad en zonas donde Transcaribe no tiene acceso. Destacó falencias en la chatarrización, manejo jurídico y falta de vías, por lo que es necesario convocar una mesa de trabajo.
Las concejales Claudia Arboleda (MIRA) y Kattya Mendoza (Liberal) hicieron un llamado a encontrar una solución definitiva para las personas que se han visto afectadas por la salida de circulación de la ruta 36. Mendoza enfatizó en la demora de hasta 45 minutos entre buses de la misma ruta en Transcaribe. El concejal Javier Julio Bejarano (Coalición Alternativa) explicó que la salida de la ruta afecta la economía de la ciudad, pues las demandas económicas por el mal manejo de la chatarrización pueden ser muy elevadas.
El concejal Óscar Marín (Conservador) hizo alusión al deterioro de las vías por el contante paso de los buses de Transcaribe, los cuales también genera vibraciones en las casas cercanas, lo que podría provocar fallas en la infraestructura. El concejal César Pión señaló que la mesa de trabajo debe venir de parte de la Administración para demostrar compromiso real con el problema y agregó que debería revertirse la decisión de la ruta 36.
El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) agregó que la Administración Dau debe revisar las acciones que ha tomado frente a la ruta 36. Destacó que Transcaribe tiene un problema de cobertura el cual afecta la clase trabajadora de Cartagena. Expresó que acompañará la mesa de trabajo para solucionar temas de cobertura, microbuses y motocicletas.
Más precisiones
La delegada de la personería, Rita López, explicó que en la Administración de Pedrito Pereira hubo reuniones para buscar la posibilidad de que esta ruta no saliera de circulación y se había llegado a un acuerdo de no sacar a los buses de la ruta 36 durante su administración. Se debe buscar la forma de llegar a una conciliación.
Sobre la tarjeta de circulación mencionada por el concejal Pión, el Director del DATT, Janer Galván, explicó que se debió a un error y no corresponde a la ruta 36 sino 37. También aclaró que en el Decreto 0855 del año 2015 prohibe la circulación de buses correspondientes a la ruta 36 por parte de la Alcaldía y no es el DATT quien lo expidió.
César Pión explicó que las condiciones no están dadas para que se aplique el Decreto 0855 del año 2015. Seguido, mediante sesión informal, el ciudadano Marlon Solís declaró que Transcaribe no realizó el comité para declarar que el SITM ya estaba listo para transitar reemplazando la ruta 36, además de tener los recursos para chatarrización.
Información recabada por el Observatorio al Concejo de Cartagena de Funcicar.