Por lo menos 100 trabajadores tendrían que ser despedidos si se liquida el Camu El Prado de Cereté y aproximadamente 9.6000 usuarios de la salud serían perjudicados con la decisión.
Así lo confirmaron voceros de la Asociación Sindical de Trabajadores de Servicios Públicos Hospitalarios (Anthoc) quienes indicaron que hasta el momento desconocen el informe del agente interventor de la Superintendencia Nacional de la salud enviado a Cereté por el Gobierno nacional pero que inicialmente plantea la decisión de unificar dos instituciones de la ciudad y que el hospital Sandiego asumirá la prestación del primer nivel de atención con el Camu.
Como se recordará el Camu fue intervenido por tener una deuda acumulada de más de 11 mil millones de pesos por concepto de embargos y por el lento flujo de los recursos provenientes de las ARS.
Otras de las razones por las cuales el Camu asumió el proceso fue por las deudas que la entidad tenía con los trabajadores de cinco, ocho y hasta 10 meses; quejas de los usuarios en la prestación del servicio, bajo nivel de cobertura en vacunación en la zona rural y la falta de dotación de algunos elementos como Ecógrafo, tenciómetros, electrocardiógrafo e incubadora neonatal, entre otras necesidades.
El presidente de la junta, Marceliano Polo, indicó que no entiende el afán de la gobernadora Marta Sáenz y del agente interventor de fusionar ambas entidades si estas han tenido mejoramiento en la infraestructura, servicios y pagos oportunos a trabajadores luego de los procesos de intervención.
Líderes cívicos indicaron que la crítica situación económica es el resultado de los malos manejos al interior de los centros médicos que fueron saqueados por dirigentes políticos.
“Hoy después de dos años de ser intervenido el hospital regional y la ESE Camu Prado ¿Qué pasó con la intervención?” Se preguntan algunos habitantes del área de influencia de las dos corporaciones de salud más importantes de la localidad.
DOS PRÓRROGAS
El Universal conoció que ya se han concedido dos prorrogas a la intervención forzosa administrativa del Sandiego. La última fue otorgada por parte del Ministerio mediante decreto 3415 del 2010. “No se justifica que el camu mejore la prestación de los servicios despidiendo a todos los trabajadores de nómina, concluyó el dirigente sindical.
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