Miguel Francisco Prado, director del Programa Presidencial para la Lucha contra la Corrupción, aseguró que la función del Programa se establece en el marco de la prevención.
Se acerca el mes de julio, en el que se espera la sanción presidencial del Estatuto Anticorrupción. Para el director del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, Miguel Francisco Prado Gil, a partir de ese momento el país contará con mejores herramientas para luchar contra ese mal.
En entrevista con Colprensa, Prado Gil aseguró que el Estatuto fortalece las disposiciones que ya se tenían en la lucha contra la corrupción, pero además integra nuevas funciones a las entidades de control. “Tenemos la certeza de que va a ser un instrumento de mucha ayuda para la lucha contra la corrupción, definitivamente hay que avanzar en esos aspectos y en otros sectores”, señaló.
El funcionario aclaró que el sector público no es el único foco de corrupción en el país y que las empresas privadas también están expuestas a este fenómeno, “lo primero es que hay que aclarar que la corrupción no está solo en el sector público, también hay participación del sector privado en la corrupción”.
Frente al escándalo de corrupción en la salud, Prado manifestó que este sector está expuesto y en riesgo por el cuantioso presupuesto que maneja. “Creo que cuando un país dedica tantos recursos a la salud como se hace en Colombia, allí ya hay un riesgo grandísimo, porque la salud tiene muchos intermediarios, maneja muchos recursos, es una necesidad permanente de la sociedad y por eso es necesario establecer algunas reglamentaciones muy puntuales para evitar que esos riesgos se conviertan en actos de corrupción”.
Ante las críticas de algunos sectores que aseguran que el Programa Presidencial no tiene “dientes”, Miguel Francisco Prado aseguró que la función del Programa se establece en el marco de la prevención y que la función sancionatoria les corresponde a los órganos de control y a las entidades judiciales: “Hemos escuchado con mucha frecuencia que el Programa Presidencial no tiene dientes, pero es que el programa no necesita dientes; está para adelantar alertas tempranas, procesos de formación, capacitación, generar pactos y actividades que tengan como foco la prevención”.
Finalmente, insistió en decir que a su cargo no se le siga llamando ‘Zar’ Anticorrupción, pues recuerda que ese nombre cambió cuando inició el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Además, dijo que con el Estatuto adquirirá nuevas funciones.
Más herramientas con el estatuto
¿Cuál es la importancia que tiene para el país el Estatuto Anticorrupción?
Creo que es un importante esfuerzo que ha adelantado el Ejecutivo en coordinación con los diferentes órganos de control, con la Fiscalía, con el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, liderado por el Ministerio del Interior. Es un buen esfuerzo. Tiene elementos que son sancionatorios, otros que tienen que ver con inhabilidades, otros que tienen que ver con nuevas funciones para la Procuraduría, la Contraloría, para el manejo de lo fiscal, entre otros.
¿A partir de la implementación del Estatuto no va a haber espacio para los corruptos?
No podemos esperar que solo con la expedición del Estatuto se acabe la corrupción, pero tenemos la certeza de que va a ser un instrumento de mucha ayuda para la lucha contra ella; definitivamente hay que avanzar en esos aspectos y en otros sectores.
¿Cuáles son esas medidas concretas que evitarán que haya más corrupción al interior de las entidades del Estado?
Lo primero es que hay que aclarar que la corrupción no está solo en el sector público, también hay participación del sector privado. Hay instrumentos muy importantes que le van a permitir a la sociedad luchar contra la corrupción, empezando porque hay nuevos delitos que se han establecido en el Estatuto, hay un capítulo especial para situaciones relacionadas con posibles actos de corrupción que se presenten en el sector de la salud, hay inhabilidades para quienes aporten recursos a las campañas políticas, entonces hay un conjunto de elementos que definitivamente van a ayudar y van a aportar muchísimo.
Ya que habla de corrupción en la salud, ¿cuál fue esa situación en que quedó este sector para que fuera el blanco de la corrupción?
Si uno mira los aportes que tiene el país en relación con el presupuesto para la salud, podría decir que es el mayor aportante al sector en Latinoamérica. Creo que cuando un país dedica tantos recursos a la salud, ya hay un riesgo grandísimo, porque la salud tiene muchos intermediarios, es una necesidad permanente de la sociedad y por eso es necesario establecer reglamentaciones muy puntuales para evitar que esos riesgos se conviertan en actos de corrupción.
¿Cómo se les va a garantizar a los colombianos la transparencia en las contrataciones públicas?
Hay dos factores que se están mejorando para que aumenten los procesos transparentes en materia de contratación, lo primero es que el mismo Estatuto hace unas modificaciones al Estatuto de Contratación, a la Ley 80 y a la 1150, establece unas responsabilidades muy claras para el contratante, para los interventores, eso es muy importante; lo otro es que en todas las entidades los jefes de control interno no van a estar sujetos a las entidades, sino que van a ser nombrados a través del presidente de la República. En lo preventivo, el programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción viene trabajando en dos sectores: uno es la intervención que se hace cuando se considera que en una etapa precontractual se encuentran posibilidades de que se estén incumpliendo los principios de transparencia, el segundo es el de los acompañamientos que se hacen de manera concertada con las entidades, para que esos procesos se vigilen desde el comienzo, especialmente en las licitaciones.
El caso de corrupción que mayor escándalo ha causado ha sido el de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ¿pero qué pasa con otras alcaldías y gobernaciones de las regiones del país?
Le puedo decir que lo que se ha conocido en Bogotá no solo ha pasado en esta ciudad, en varias regiones del país se han detectado situaciones como esas; lo que pasa que lo de la ciudad capital ha tenido muchísima difusión, pero hay otras regiones, como el Magdalena, donde se encontraron algunos problemas en la contratación y en la ejecución de contratos, o en el Valle del Cauca, por ejemplo lo que sucedió con la carretera Cali-Candelaria, que era una doble calzada que nunca se construyó. Podría decirle muchos ejemplos, lo que pasa es que lo más sonado ha sido lo de la ciudad capital, donde se han investigado recientemente.
¿Cree que es conveniente ventilar los casos de corrupción a la opinión pública?
Creo que la opinión pública debe conocer todo lo que se presente en el país, pero pienso que se ha beneficiado mucho más lo malo que lo bueno, porque también ha habido avances; es cierto que se han presentado hechos de corrupción, pero también es cierto que algunas entidades han adelantado procesos que son transparentes, que cumplen con los propósitos, que se han adelantado contratos que se han hecho dentro de los términos adecuados, que no han tenido sobrecostos y esto ha sido poco divulgado. Se difunde más lo negativo de situaciones de corrupción, pero también hay hechos positivos para destacar en el país.
¿Cuáles destacaría?
Recientemente el señor presidente de la República inauguró en Cali una ciudadela educativa que se llama Nuevo Latir, que tuvo una inversión superior a 30 mil millones de pesos, en donde se pasó de una escombrera a tener toda una edificación importante para la educación, las artes, la comunidad, deportes y se construyó en el tiempo que estaba establecido, no tuvo sobrecostos, no tuvo inconvenientes, su adjudicación fue un proceso que no tuvo observaciones o demandas, entonces pienso que hay procesos que son claros y que es bueno que se conozcan.
¿Cómo queda la figura del ‘Zar’ Anticorrupción con la entrada en vigencia del Estatuto?
Hay dos situaciones, la primera es que se le dan nuevas funciones al Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, se establecen actividades que están propuestas para que el programa adelante un modelo y ese modelo pueda ser replicado en todas las entidades públicas, como son los planes anticorrupción y creo que se fortalece el programa. Quiero hacerle una observación muy puntual: nosotros hemos insistido mucho en este gobierno en que el cargo no se llama ‘Zar’ Anticorrupción, se llama Director del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, aunque no aparece nominalmente en esa forma, hemos querido seguir impulsando el nombre.
Se dice que el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción no tiene facultades para tomar decisiones…;
Desde su comienzo el programa ha tenido unas funciones claramente establecidas en el marco de la prevención, que le corresponde al Ejecutivo adelantar. La función sancionatoria no le corresponde al Ejecutivo, sino a los órganos de control de las entidades judiciales. Hemos escuchado con mucha frecuencia que el Programa Presidencial para la Lucha contra la Corrupción no tiene dientes, pero es que no los necesita; el programa presidencial está para adelantar en el alertas tempranas, procesos de formación, capacitación, generar pactos y actividades que tengan como foco la prevención. Los dientes los tiene el Estado en otras partes y están en la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, en la Policía Judicial. En esa parte cuando encontramos algún vicio de corrupción lo denunciamos y trabajamos articuladamente con estos órganos de control, porque tenemos un pacto establecido para hacerles un seguimiento a esas diferentes denuncias que se tramitan a través del Programa Presidencial.
