En una carta llevada a la Personería de Montería insisten en que se les está violando el derecho al trabajo y que si bien es cierto que ellos están invadiendo el espacio público, también lo es que esa es la forma que tienen para garantizar el sustento de sus familias en una ciudad donde hay pocas oportunidades laborales.
Desmintieron al secretario de gobierno municipal, Jairo Salazar Macea, quien dijo que seis funcionarios encargados del desalojo han sido amenazados y violentados por los invasores.
Los comerciantes informales José Orlando Andrade Rojas, dueño de un puesto de patacón y chicharrones, y Heriberto Meneses Milina, quien tiene un puesto de arepas desde hace 23 años en la calle 35, indicaron que la solución no es echarlos del lugar sin antes definir una reubicación.
Indicaron que los funcionarios encargados de esa función son los que llegan a sus puestos de trabajo a agredirlos y a maltratarlos de palabra.
“No nos oponemos al progreso de la ciudad pero pedimos que se tenga en cuenta la necesidad de trabajo y que nos den el tiempo que se ha pactado para la reubicación de cada uno de los que aparece en el censo que tienen los funcionarios de Montería Amable”, indicaron los vendedores informales.
Pidieron mayor mesura al funcionario Álvaro Lambertinez, director de recuperación de espacio público, para evitar que se susciten enfrentamientos con los vendedores, aduciendo que llega con groserías a los puestos a pedirles que salgan del lugar.
“Le pedimos un plazo a la administración y que se respeten los acuerdos pues no pensamos quedarnos invadiendo el espacio público pero se está generando un problema social”, indicaron los vendedores.
Entretanto, el secretario de gobierno de Montería, Jairo Salazar Macea, dijo que el plan de recuperación del espacio público en el centro de Montería se llevará a cabo y si es necesario utilizarán la fuerza pública.
Como se recordará la administración acaba de hacer una millonaria inversión para remodelar el centro de Montería en aras de mejorar la movilidad en el sector.